Un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Laura Balsells Miró (PRO) volvió a encender la polémica en Mendoza. La iniciativa propone prohibir en todo el territorio provincial la realización, organización, promoción y difusión de jineteadas, al considerarlas una práctica que implica maltrato animal. Desde el ámbito del tradicionalismo la respuesta no tardó en llegar: rechazo, pedido de diálogo y defensa de una actividad que consideran parte central de la identidad cultural cuyana y argentina.

En el ámbito de la diputada aseguran que «el proyecto se inscribe en una agenda legislativa orientada al bienestar animal y al reconocimiento de los animales como seres sintientes». En declaraciones públicas, la diputada sostuvo que «la cultura evoluciona» y que el Estado no puede habilitar ni ser espectador de espectáculos que, aún presentados como tradiciones, se basan, según señala la legisladora, en el sufrimiento deliberado de los animales. En esa línea, comparó las jineteadas con otras prácticas que han sido prohibidas en distintos países, como los circos con animales o ciertos espectáculos acuáticos.

Sin embargo, desde la Federación Gaucha de Mendoza «General San Martín» cuestionaron con dureza la iniciativa. En un comunicado difundido esta semana, señalaron que las jineteadas forman parte del acervo cultural e histórico del país y, particularmente, de la identidad mendocina. «Resulta inaceptable equiparar de manera liviana estas prácticas tradicionales con actos de crueldad», expresaron, al tiempo que remarcaron la existencia de reglamentos, controles veterinarios y normativas de bienestar animal que rigen la actividad.

La Federación también advirtió que una eventual prohibición afectaría derechos culturales y fuentes de trabajo vinculadas a las economías regionales: jinetes, tropilleros, veterinarios, artesanos, músicos y feriantes, entre otros. Frente a ello, propusieron fortalecer controles y abrir instancias de diálogo, en lugar de avanzar con prohibiciones que, según advirtieron en el comunicado, podrían empujar la actividad a la clandestinidad.

«No somos maltratadores»: la voz desde el territorio

Una de las voces que con más claridad expresó el rechazo al proyecto fue la de Analía Corvalán, presidenta de la Agrupación Gaucha «Patria y Futuro» de Jocolí, y referente del tradicionalismo mendocino. En diálogo con El Despertador, Corvalán cuestionó que la iniciativa se haya elaborado sin consultar a quienes forman parte del sector.

«Estamos todos muy dolidos con este tema. No sorprendidos, pero sí dolidos. Hemos intentado proponer diálogo y no estamos recibiendo la devolución con la misma educación que damos», afirmó molesta. Y agregó: «No entiendo por qué se apunta solo a Mendoza. Se nos compara con prácticas que nada tienen que ver con lo que hacemos».

Corvalán explicó que los caballos utilizados en jineteadas no son animales sometidos al azar, sino que responden a características genéticas específicas. «Un caballo de jineteada es un caballo que no llega a ser manso, que genéticamente es considerado un ‘reservado’. No es un animal al que se lo obliga a algo para lo que no está», sostuvo, y remarcó que muchos de esos animales, de no ser utilizados en la actividad, terminan en la faena.

En ese sentido, cuestionó las comparaciones con el maltrato animal: «Duele que nos comparen con circos o con faena clandestina. No somos maltratadores. En una jineteada, un caballo está atado entre 8 y 12 segundos, según la categoría, y después puede pasar semanas comiendo y descansando sin ningún tipo de castigo».

La referente también detalló los controles sanitarios obligatorios: «Para mover un caballo se necesita la libreta sanitaria al día, veterinarios certificados en el predio y habilitación del Senasa. Si un animal está enfermo o lastimado, no se mueve. Ningún veterinario firma si el caballo no está sano».

«Está perfecto defender a los animales», subrayó Corvalán, «pero hay que informarse. Un caballo de jineteada sufre menos que muchos caballos de deportes de elite, como el polo, por ejemplo, pero claro, ahí nadie dice nada», señaló, deslizando una clara discriminación de clase.

Tradición, espectáculo y doble vara

El debate también abrió interrogantes sobre el trato desigual entre distintas prácticas culturales y deportivas. Desde el tradicionalismo señalaron que festivales masivos como el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que convoca a decenas de miles de personas cada noche y destina fondos a escuelas y obras comunitarias, no son cuestionados bajo los mismos argumentos. «Si fuera maltrato, ¿por qué convoca a tanta gente y tiene reconocimiento social?», plantean.

Algo similar ocurre en Mendoza con celebraciones populares como la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde las tradiciones rurales, los desfiles y la presencia del caballo forman parte del entramado cultural que la provincia promociona incluso a nivel turístico.

Para Corvalán, el problema no es discutir ni mejorar la actividad, sino imponer prohibiciones sin debate: «La prohibición solo genera clandestinidad. Si hay cosas que mejorar, mejoremos. Controlemos más, sancionemos a quien no cumpla. Pero sentémonos a hablar».

La dirigente insistió en que el sector está dispuesto al diálogo: «Veinte veces me llaman los medios, veinte veces voy a contestar. Estamos abiertos a que se regule, a que se declare deporte, a que se controle más. Lo que no aceptamos es que se nos trate de violentos sin conocernos».

Mientras el proyecto inicia su recorrido legislativo, el debate sigue abierto. En juego no solo está el bienestar animal, sino también la disputa por el sentido de las tradiciones, el lugar del campo popular y la necesidad, o no, de que el Estado avance con prohibiciones sobre prácticas profundamente arraigadas en la historia y la identidad mendocina.