Referentes de Xumek y del Espacio por la Memoria cuestionaron la ampliación del uso de armas de fuego por parte de la policía y advirtieron sobre la vaguedad de la norma y sus posibles consecuencias.

Luego de la aprobación en el Senado de Mendoza de modificaciones a la Ley 6722 que amplían las facultades policiales para el uso de armas de fuego, distintas voces de organismos de derechos humanos expresaron preocupación por los posibles efectos de la norma. La iniciativa aún debe volver a la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo.

Mendoza: polémica por reforma que amplía el uso de armas de fuego para la Policía

Tal como informamos anteriormente, la reforma redefine los criterios para el uso de armas por parte de la Policía provincial y amplía los supuestos en los que podrían ser utilizadas. La iniciativa fue defendida por el oficialismo como una actualización de los protocolos de actuación policial, pero generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones sociales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, especialistas advierten que la redacción de algunos artículos podría habilitar interpretaciones amplias y riesgosas.

Florencia Díaz Peccinetti, integrante de la organización mendocina Xumek, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, señaló que uno de los principales problemas es la falta de precisión en los términos de la ley.

Según explicó, la reforma introduce facultades que no están claramente delimitadas:
“lo que nos preocupa es la vaguedad de los términos. Por ejemplo, se habilita a la policía a esgrimir armas ‘en defensa de su autoridad cuando fuera necesario’. Entonces nos preguntamos qué significa defender la autoridad o cuándo se determina que es necesario”.

Para la abogada, una norma con formulaciones tan amplias genera incertidumbre tanto para la ciudadanía como para los propios agentes policiales. En ese sentido explicó: “una ley con esta amplitud no da seguridad ni a la sociedad ni a la policía. El funcionario tampoco tiene claridad sobre si su accionar está dentro de la ley o no”.

Díaz Peccinetti también advirtió que este tipo de reformas se inscriben en un conjunto de iniciativas legislativas que buscan ampliar las herramientas represivas del Estado. “Se están tratando proyectos que tienden a darle más herramientas a la policía en materia de represión, de detención y de mantener a las personas privadas de la libertad”, señaló.

Desde el análisis jurídico, la integrante de Xumek remarcó que el uso de la fuerza letal debe regirse por el principio de necesidad y proporcionalidad, y cuestionó que se habilite su uso para proteger bienes materiales o situaciones vinculadas al orden público.

“No podemos comparar el valor del orden público o de un bien material con la vida de una persona. Para eso existe un sistema penal que debería encargarse de sancionar los delitos”, sostuvo.La abogada también advirtió que muchas personas pueden pensar que la norma solo impactará en casos de delitos graves, cuando en realidad podría aplicarse en situaciones cotidianas:

“Participar de una manifestación o estar en una celebración masiva también podría ser interpretado como una afectación al orden público”, explicó.

“Un permiso para matar”

Otra mirada crítica fue planteada por Eugenio “Keno” París, referente de los organismos de derechos humanos de Mendoza e integrante del Espacio Provincial por la Memoria. Desde su perspectiva, la reforma representa un cambio profundo en la forma en que el Estado concibe la seguridad.

“Esto es un permiso para matar, aunque suene terriblemente duro”, afirmó.

París cuestionó especialmente la falta de controles sobre el accionar policial y advirtió que las consecuencias podrían recaer principalmente sobre los sectores más vulnerables: “sabemos que las políticas de seguridad suelen recaer sobre los mismos sectores sociales. Basta ver cómo se realizan los operativos en los barrios populares”, señaló.

El referente también remarcó que los policías son trabajadores que viven las mismas tensiones sociales que el resto de la población: “son ciudadanos que también tienen conflictos, problemas económicos o personales, y son esas personas las que van a tener en el bolsillo un arma cargada”, advirtió.

Para París, la reforma debe analizarse en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas de seguridad. “Se han ido incorporando más cárceles, más herramientas represivas y ahora se amplían las facultades para el uso de armas de fuego”, sostuvo.

Además, consideró que el debate público sobre este tipo de iniciativas es escaso y que gran parte de la sociedad desconoce el alcance de las modificaciones. “si preguntamos cuántas personas conocen esta ley, somos muy pocos”, señaló.

En ese sentido, advirtió que la combinación de conflictividad social creciente y ampliación del uso de la fuerza estatal puede derivar en escenarios peligrosos: “estamos abriendo una caja de Pandora que no sabemos dónde puede terminar”, afirmó.

Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de ampliar el debate social sobre las implicancias de la reforma y su impacto en las garantías y derechos fundamentales.