Lejos de ser un episodio aislado, la presentación judicial describe un «patrón sistemático de violencia» en cinco dimensiones: psicológica, física, sexual, económica y simbólica. Según el relato de la denunciante, el exfuncionario ejercía un control absoluto sobre su vida, exigiéndole acceso a sus dispositivos privados y el envío de su ubicación geográfica en tiempo real.
El escrito detalla escenas de una violencia humillante, incluyendo madrugadas en las que la mujer era expulsada de la vivienda en un barrio privado de Las Heras, quedando a la deriva en la vía pública. Además, se menciona la destrucción de bienes personales y la coacción para grabar audios con «confesiones» que luego serían utilizados como material de chantaje emocional.
El punto de mayor peso legal en la causa es la denuncia por abuso sexual con acceso carnal. La víctima relató que estos actos se producían en contextos de encierro, donde D’Agostino le retenía el teléfono celular para impedirle pedir auxilio.
Un episodio clave mencionado en la causa habría ocurrido durante un viaje a Italia. Allí, según la presentación, el entonces subsecretario habría iniciado actos sexuales sin consentimiento, provocándole lesiones físicas que la mujer se vio obligada a ocultar durante el resto de la estadía.
Uno de los ejes que más preocupa al arco judicial es el presunto uso del cargo público como herramienta de amedrentamiento. D’Agostino, considerado el «arquitecto» de las reformas judiciales del radicalismo y hombre de extrema confianza del gobernador, habría utilizado su posición para asegurar su impunidad ante la víctima.
La mujer denunció advertencias directas de que la haría «desaparecer». Según el escrito, el funcionario hacía alarde de su cercanía con la máxima autoridad provincial y con el procurador Alejandro Gullé, afirmando que cualquier denuncia en su contra terminaría «archivada» de inmediato.
La acumulación de cargos del acusado —quien también integraba el Consejo de la Magistratura y el FOFECMA— habría generado un cerco de temor que dificultó que la víctima encontrara inicialmente asesoramiento legal en la provincia.
Con la dimisión de D’Agostino ya aceptada, el expediente se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. La justicia cuenta con material probatorio que incluye registros fotográficos de lesiones y testimonios de terceros que habrían advertido las agresiones.
El caso pone a prueba la independencia del sistema judicial mendocino, dado que el acusado fue, durante los últimos once años, uno de los hombres con mayor poder e influencia dentro de los tribunales locales.
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