La frase del título es de esta semana, y fue pronunciada por un vecino de Los Corralitos a una radio local. Pero el lavallino Robinson Fernández, ex Director de Promoción Económica de Lavalle, fue un adelantado en este mismo sentido. En la primera reunión realizada por la problemática cloacal en nuestro departamento, en agosto del año pasado, Fernández señaló con el dedo a los funcionarios de Irrigación y les dijo: «¡usted debería estar preso señor!», y afirmó lo mismo sobre Humberto Mingorance, presidente de AySAM

Es que las imputaciones a funcionarios de AySAM reactivaron el conflicto por la contaminación que afecta a productores, vecinos y sistemas de riego. Por su parte el Concejo Deliberante de Lavalle creó, esta semana, tarde pero seguro, una comisión de seguimiento y crecen los reclamos por soluciones definitivas.

La imputación de Humberto Mingorance y otros funcionarios por la persistencia de los derrames cloacales en Los Corralitos volvió a poner en primer plano una problemática que desde hace más de un año mantiene en alerta a productores, vecinos y autoridades de Guaymallén y Lavalle. Sin embargo, para quienes conviven diariamente con la contaminación, la decisión judicial está lejos de representar una solución definitiva.

«Es lo mínimo que esperábamos», sostuvo Marcos Neirotti, vecino de Los Corralitos e integrante de la ONG Fiscalía Ciudadana. En diálogo con la 89.1, recordó que las denuncias y pruebas sobre la contaminación vienen acumulándose desde hace meses y cuestionó la lentitud con la que avanzó la investigación. «Nosotros estamos convencidos de que acá tiene que haber gente presa en algún momento porque el nivel de delito ambiental y de contaminación es difícil de imaginar», afirmó.

La imputación fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el Departamento General de Irrigación, aunque desde Fiscalía Ciudadana consideran que la responsabilidad institucional excede ampliamente a los funcionarios ahora acusados. De hecho, la organización mantiene una querella penal contra Irrigación por haber autorizado en su momento los vuelcos al canal Pescara.

Esa decisión permitió que líquidos cloacales terminaran ingresando a una extensa red de riego que abastece a zonas productivas de Guaymallén y Lavalle. Mientras la causa judicial avanza, los vecinos denuncian que el problema sigue activo: «los vuelcos siguen todos los días», aseguró Neirotti. Según explicó, la situación se origina principalmente en la rotura de la cañería madre ubicada bajo calle 2 de Mayo, en la intersección con Severo del Castillo. Allí, sostiene, las reparaciones realizadas por AySAM fueron apenas medidas transitorias. «Lo ataron con palitos», resumió.

De acuerdo con su descripción, y a una cobertura que pudimos hacer a finales de año, durante algunos meses la situación pareció estabilizarse, pero luego los derrames volvieron a intensificarse. Actualmente, estimó que se descargan más de dos millones de litros diarios de líquidos cloacales hacia acequias y cauces de riego. Incluso adelantó que en los próximos días presentarán nuevas denuncias por focos de contaminación que todavía no fueron difundidos públicamente.

La preocupación no sólo pasa por el impacto ambiental y productivo. También crece la alarma sanitaria. Neirotti recordó que especialistas que participaron de la causa judicial advirtieron sobre posibles riesgos epidemiológicos derivados de la contaminación. Además, destacó los estudios costeados por los propios vecinos a través de laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo: «Todos los análisis del Gobierno daban bien. Cuando logramos juntar la plata entre los vecinos y hacer análisis, cinco de ocho muestras dieron contaminadas», señaló.

Las advertencias coinciden con evaluaciones realizadas desde el propio Municipio de Lavalle. Días atrás, la directora de Ambiente, Nancy Griffone, confirmó a El Despertador que los monitoreos realizados durante 2025 detectaron niveles de contaminación muy superiores a los permitidos.

«Nosotros tenemos un monitoreo que se hizo el año pasado. Estamos elaborando un plan de monitoreo para este año con el INTA», explicó la funcionaria. Sobre los resultados obtenidos, indicó que los análisis «dieron valores alrededor de diez veces más altos de los permitidos en los cauces de riego de El Vergel y Las Violetas».

La funcionaria también advirtió sobre posibles consecuencias en las aguas subterráneas. «Por supuesto que sí», respondió cuando fue consultada sobre la posibilidad de contaminación de pozos y napas. Según explicó, los canales afectados no están impermeabilizados y la infiltración de líquidos contaminados «puede alcanzar las napas subterráneas».

Las preocupaciones ambientales tienen además un fuerte componente económico. La contaminación afecta zonas donde se desarrolla buena parte de la producción hortícola y agrícola que abastece al Gran Mendoza. Productores de la región vienen alertando desde hace meses sobre las dificultades para comercializar sus productos y el impacto que generan las restricciones vinculadas a la calidad del agua de riego.

La directora de Ambiente también cuestionó la falta de respuestas por parte de los organismos provinciales: «el Municipio ha agotado casi todas las instancias administrativas formales y legales y no hemos tenido respuesta ni de Irrigación ni de AYSAM«, afirmó. Además recordó que la última denuncia municipal fue presentada el 11 de marzo tras la rotura del colector de calle Tirasso, que se sumó a los problemas ya existentes en 2 de Mayo y Severo del Castillo.

En Lavalle, el conflicto ya comenzó a generar nuevas respuestas institucionales. Durante la última sesión del Concejo Deliberante, los diez concejales acordaron la creación de una Comisión Permanente de seguimiento y control para abordar la situación hídrica, sanitaria y ambiental vinculada a los derrames cloacales que llegan desde Guaymallén.

Además, solicitaron informes al Ejecutivo municipal, a Irrigación y a AYSAM sobre monitoreos realizados, impacto ambiental, obras de mitigación y plazos previstos para el cese definitivo de los vuelcos. También reclamaron intervenciones de organismos sanitarios provinciales para relevar posibles casos de intoxicación y realizar estudios bacteriológicos en viviendas potencialmente afectadas.

La decisión refleja una creciente preocupación política en el departamento, donde la problemática dejó de ser vista únicamente como un conflicto ambiental para convertirse en una cuestión productiva, sanitaria y social. Algunos sectores aseguran que la reacción es tardía, pero valoran que desde el legislativo departamental se hagan eco.

Mientras tanto, los anuncios oficiales siguen generando escepticismo entre los vecinos. Según relató Neirotti, desde el Gobierno provincial y AYSAM aseguran que las tareas actualmente en marcha permitirían finalizar los derrames el próximo 17 de junio. Sin embargo, aclaró que las obras ejecutadas hasta el momento son apenas soluciones provisorias. «El 17 de junio dicen que no vuelcan más. Anótenlo en el calendario», ironizó.

Ya va a hacer un año de aquella primera reunión en Lavalle por los derrames cloacales, en la que Robinson Fernández apuntó contra los responsables políticos y técnicos de esta crisis y lanzó una frase que sonó exagerada para algunos: «usted debería estar preso señor». Hoy, con funcionarios imputados, estudios que confirman la contaminación, productores afectados y millones de litros de efluentes que siguen llegando a los cauces de riego, aquella advertencia ya no parece una expresión de enojo aislada.

Mientras las responsabilidades se discutirán en los tribunales a paso de tortuga, la pregunta que sobrevuela entre vecinos y productores sigue siendo la misma: si esto no alcanza para que alguien responda ante la Justicia, entonces ¿qué tendría que pasar para que los responsables terminen donde muchos creen que deberían estar?