Desde que se aprobó la reforma del artículo 197 de la Constitución de Mendoza, las aguas del debate sobre la autonomía municipal se han apaciguado. Sin embargo, la reforma todavía no rige: quedó supeditada a un plebiscito que se realizará junto con las elecciones de 2027, en el que los mendocinos votarán por el Sí o por el No. Solo si gana el Sí, los municipios que así lo decidan podrán empezar a redactar su propia Carta Orgánica. Hasta entonces, lo que tenemos es tiempo. Y el tiempo, bien usado, es el insumo más valioso de cualquier organización que aspire a estar a la altura de sus propios desafíos.
Para Lavalle, ese tiempo no es un simple compás de espera. Es la oportunidad de diseñar una forma de gobierno propia, ajustada a su geografía, a su gente y a lo que el departamento proyecta ser. En esta materia no sirve copiar modelos ajenos: el derecho comparado puede inspirar, pero la organización de un municipio es, necesariamente, un “traje a medida”. Se trata de una decisión que atraviesa lo cotidiano y también los grandes problemas estructurales del departamento, por lo que exige una mirada de mediano y largo plazo. No todo depende de la organización local, es cierto, pero frente a un escenario que puede volverse adverso, una estructura institucional bien pensada es la mejor defensa con la que puede contar Lavalle.
Pero ¿Qué significa ser autónomo?
En esencia, es la capacidad de un municipio para gobernarse a sí mismo, dentro de los límites que fijan las normas superiores. Suele describirse en cinco planos: institucional, política, administrativa, económica y financiera.
Los municipios mendocinos se manejan hoy con la Ley Orgánica de Municipalidades, sancionada en 1934. Tiene 92 años. ¡Ojo!, una norma no pierde vigencia por el paso del tiempo, pero sí puede perder sintonía con una realidad que cambió varias veces desde que fue escrita, porque toda ley es hija de una época, un lugar y una manera de entender el mundo.
Desde entonces, el concepto de autonomía municipal recorrió un largo camino. Durante décadas se entendió al municipio como una simple delegación del gobierno provincial. Ese paradigma empezó a resquebrajarse en 1989, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Rivademar, reconoció a los municipios como entidades autónomas y no como meras dependencias administrativas de la provincia. El paso decisivo llegó con la reforma constitucional de 1994, que estableció que cada provincia debe dictar su propia constitución «asegurando la autonomía municipal». Desde entonces, el debate siguió abierto, con avances y controversias, hasta llegar a este punto: la posibilidad, todavía no efectiva, de que Lavalle tenga una autonomía real.
Para un departamento como el nuestro, esto no es un dato de color institucional. Es una pregunta de fondo sobre qué tipo de municipio queremos ser.
Lo que la reforma habilita, y lo que no
La reforma reconoce autonomía institucional, política, administrativa y financiera. En términos simples: el municipio podría darse sus propias reglas de organización, elegir cómo estructurar sus áreas de gobierno y administrar sus recursos con mayor margen de maniobra. Pero el texto también marca límites claros, que conviene tener presentes desde ahora para no alimentar expectativas que después se frustren.
La autonomía financiera no incluye la potestad de crear impuestos nuevos. Los municipios seguirán limitados a cobrar tasas por servicios, contribuciones por mejoras y derechos por el uso del dominio público. Tampoco desaparece la coparticipación provincial ni el control institucional de la provincia sobre las comunas. Autonomía, en definitiva, no es lo mismo que soberanía fiscal, y quien la presente como una fuente nueva de ingresos le hace un flaco favor al debate público.
Esa aclaración importa especialmente para Lavalle. Nuestro departamento combina un oasis productivo con una vasta zona de secano y una población dispersa en numerosos distritos, muchos de ellos con comunidades originarias huarpes, con necesidades de infraestructura, agua y transporte muy distintas a las del área cabecera. Bien diseñada, la autonomía puede acercar respuestas a esa diversidad, algo que hoy resulta difícil bajo una ley orgánica de 1934 pensada para una Mendoza -y un Lavalle- que ya no existe. Mal diseñada, en cambio, puede convertirse en una promesa vacía que profundiza la distancia entre la cabecera y los distritos, en lugar de achicarla.
Las advertencias que no conviene ignorar
Constitucionalistas como la Dra. Gabriela Ábalos, una profesional que es referente y que siguen de cerca este proceso, coinciden en un punto: la autonomía debe llegar, pero no como un cheque en blanco ni como una reforma aislada. Advierten que, una vez aprobado el artículo, quedará pendiente revisar piezas conexas del sistema provincial —representación, coparticipación, coherencia normativa— para que la autonomía no termine siendo una cáscara sin contenido. También señalan el riesgo de que algunos avances municipales se usen como gesto político «para la tribuna», en lugar de constituir una verdadera transformación institucional.
Esa advertencia debería resonar con fuerza particular en Lavalle. Tenemos tiempo por delante hasta el plebiscito de 2027. Ese plazo puede administrarse de dos maneras: como una espera pasiva hasta que la provincia resuelva su propio proceso, o como una etapa de preparación seria para que, si los mendocinos dicen Sí, Lavalle no llegue de cero a la discusión de su Carta Orgánica. Redactar una Carta Orgánica no es un trámite administrativo. Implica decidir cómo se organiza el poder local, qué mecanismos de participación ciudadana se incorporan, cómo se garantiza que los distritos alejados de la cabecera tengan voz real —y no solo representación nominal— y qué controles internos se establecen para que más autonomía no signifique menos transparencia.
Una oportunidad que exige trabajo, no solo expectativa
El fortalecimiento de la autonomía municipal es, en el fondo, una profundización de la democracia: acerca las decisiones a quienes las viven todos los días. Pero esa promesa solo se cumple si el municipio llega preparado. Eso significa empezar ahora, no en 2027, a fortalecer capacidades técnicas y de gestión, ordenar competencias y abrir espacios de discusión con la comunidad sobre qué modelo institucional quieren los lavallinos y lavallinas para sí mismos.
La autonomía no resuelve por sí sola los problemas estructurales de un departamento extenso y desigual. Los convierte, en todo caso, en un compromiso y responsabilidad más local. Esa es, quizás, la mejor definición del desafío que tenemos por delante: dejar de esperar que Mendoza decida por nosotros y empezar a decidir, con seriedad y anticipación, quiénes queremos ser cuando la decisión finalmente esté en nuestras manos.
El autor es vecino de Alto del Olvido

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