La abogada Carolina Jacky sostiene que las acciones por daños y perjuicios pueden dar respuestas más rápidas a las familias afectadas por los derrames cloacales, mientras avanzan las causas penales.
El conflicto por los derrames cloacales en Los Corralitos sumó un nuevo capítulo. Tras la presentación de análisis ambientales que evidencian contaminación en la zona, la abogada Carolina Jacky explicó que, además de las denuncias penales contra funcionarios de AYSAM, los vecinos cuentan con otra herramienta judicial: las demandas civiles por daños y perjuicios.
Jacky representa a Marta Fernández, una vecina que durante tres años convivió con un foco permanente de efluentes cloacales frente a su vivienda, ubicada en la esquina de Severo del Castillo y 2 de Mayo, uno de los puntos más críticos del conflicto.
La mujer, con problemas de movilidad, debía ser asistida por familiares para salir de su casa porque las mangueras instaladas por AYSAM para contener el derrame impedían el paso. Además, sufrió la depreciación de su propiedad y las consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de la contaminación.
La estrategia judicial consistió en presentar una demanda civil contra AYSAM y el Gobierno provincial, solicitando una medida de protección urgente. Entre otros puntos, se pidió que la empresa financiara el alquiler de otra vivienda para la vecina y que una jueza inspeccionara personalmente el lugar.
Según relató Jacky, apenas la Justicia notificó la causa, la empresa comenzó trabajos que no había realizado en tres años.
«En menos de diez días enterraron los caños, sacaron las mangueras, hicieron la vereda y hoy hasta barren la calle todos los días», señaló.
Durante la inspección judicial, la magistrada constató las condiciones del lugar. La abogada recordó una frase que, a su entender, sintetizó la situación.
Cuando un ingeniero de AYSAM explicó que estaban arrojando hipoclorito de sodio para mitigar los olores, la jueza respondió: «Para mí eso es lavandina con caca».
La resolución judicial ordenó a AYSAM presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan de obras que garantice que la situación no vuelva a repetirse y elimine los olores que afectan a la vivienda.
Sin embargo, Jacky advirtió que la intervención no resolvió el problema de fondo. Según explicó, al mejorar la situación frente a la casa de Marta Fernández, los líquidos cloacales comenzaron a emerger unos cientos de metros más al este, sobre la calle 2 de Mayo.
«Le resolvieron el problema a Marta, pero el mismo caudal de líquidos sigue existiendo y ahora revienta más abajo», afirmó. Por ese motivo, ya se preparan nuevas demandas de otros vecinos afectados.
La abogada explicó que cada familia debe iniciar una acción individual, ya que los daños son diferentes.
Entre los casos que ya comenzaron a documentar mencionó:
«Cada caso hay que estudiarlo y acompañarlo con pruebas para determinar cuál es la reparación que corresponde», explicó.
Jacky diferenció claramente las denuncias penales de las demandas civiles. Mientras la causa penal busca establecer si existieron delitos por parte de funcionarios y eventualmente aplicar sanciones, las demandas civiles apuntan a reparar el daño sufrido por las personas afectadas.
A su entender, este último camino puede generar respuestas más inmediatas. «Cuando empiezan a acumularse demandas millonarias contra la empresa, la reacción es mucho más rápida», sostuvo.
Finalmente, la abogada destacó el papel que viene desempeñando la organización de los vecinos y las vecinas. Explicó que las movilizaciones, las denuncias públicas, los registros periodísticos y las presentaciones colectivas también forman parte del material probatorio incorporado a las causas judiciales.
«Todo sirve. Las publicaciones periodísticas, las movilizaciones y las denuncias son elementos de prueba que el juez no puede ignorar», concluyó.
Compartimos la entrevista completa con la doctora Carolina Jacky:
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