La causa judicial que más preocupa al Gobierno nacional acaba de sufrir un giro que amenaza con vaciar de contenido la investigación. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió apartar a los cinco querellantes que representaban a los damnificados de la presunta estafa con la criptomoneda Libra, dejando el impulso del expediente exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano.

La decisión no es un trámite menor. Durante meses, fueron precisamente los querellantes quienes empujaron una investigación que avanzó con lentitud y lograron incorporar medidas de prueba que difícilmente hubieran surgido por iniciativa de la fiscalía. Con su salida, el expediente pierde a quienes más insistían en esclarecer los hechos.

El fallo sostiene que los damnificados no acreditaron un perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras digitales afectadas. Pero, además, incorpora un argumento que genera preocupación: afirma que quienes invirtieron en Libra asumieron los riesgos propios de una «memecoin». Esa interpretación no solo relativiza la posición de las víctimas, sino que también podría convertirse en la base de futuros planteos de nulidad por parte de las defensas.

La resolución llega en un momento políticamente delicado. Se conoce pocos días después de la salida de Manuel Adorni del Gobierno y mientras continúan los movimientos en torno a designaciones clave dentro de la Justicia Federal. Esa sucesión de hechos alimentó sospechas y volvió a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y algunos sectores de Comodoro Py.

Desde la oposición y entre los abogados de los damnificados no dudan en hablar de un intento por desactivar la causa. Juan Grabois calificó la decisión como un «pacto de impunidad» y sostuvo que el fallo favorece a quienes buscan que la investigación pierda fuerza. Aunque esa acusación no ha sido probada judicialmente, refleja el clima de desconfianza que rodea al expediente.

La resolución todavía puede ser revisada por la Cámara Federal. Sin embargo, el impacto político ya está instalado. Para muchos, el apartamiento de las querellas representa un retroceso en la búsqueda de responsabilidades y deja una pregunta inevitable: ¿puede una causa de semejante trascendencia avanzar con la misma intensidad cuando se aparta a quienes más impulsaban la investigación?
Más allá de lo que resuelvan los tribunales en las próximas semanas, la decisión vuelve a colocar en el centro del debate el funcionamiento de la Justicia frente a las causas que involucran al poder político.