Un artículo de Federico Brusotti, publicada en el diario El Sol, revela incumplimientos detectados por Fiscalía de Estado en contrataciones directas realizadas por Aysam y cuestionamientos a cambios introducidos durante un concurso público. Las actuaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Ética Pública.

Los desbordes cloacales de la Colectora Máxima Noreste dejaron de ser solamente un problema para los vecinos de Los Corralitos y Lavalle. Las dificultades estructurales de una infraestructura que arrastra inconvenientes desde hace años ahora también quedaron vinculadas a un expediente de control que pone bajo la lupa los procedimientos utilizados por Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam).

Según la investigación publicada por Federico Brusotti en el diario El Sol, Fiscalía de Estado analizó dos situaciones: las contrataciones directas realizadas para limpiar e inspeccionar la colectora y el Concurso Público de Precios Nº 23/26, convocado para continuar con esos trabajos.

En el primer caso, el organismo detectó incumplimientos en el procedimiento de contratación directa. Entre ellos, señaló que Aysam no solicitó las tres cotizaciones exigidas por su propio régimen de compras ni dejó documentadas previamente las razones por las cuales no podía hacerlo.

Aysam argumentó que no conocía otras empresas con capacidad técnica suficiente para realizar las tareas. Para Fiscalía, esa explicación llegó tarde: debía haber quedado asentada antes de concretar las contrataciones.

El organismo tampoco cuestionó que la emergencia de la colectora pudiera justificar una contratación directa, pero aclaró que una situación de emergencia no convierte automáticamente en regular el procedimiento utilizado.

Cambios cuestionados en el concurso

La segunda denuncia apuntó al concurso público que Aysam finalmente decidió dejar sin efecto el 11 de agosto.

Durante el proceso se introdujeron modificaciones mediante distintas circulares, incluyendo cambios en la modalidad de cotización y nuevas exigencias sobre antecedentes, equipamiento y capacidad operativa.

Fiscalía consideró que esos cambios excedían simples aclaraciones o correcciones formales, ya que modificaban aspectos sustanciales del procedimiento cuando este ya estaba en marcha.

Uno de los puntos más delicados ocurrió con la oferta presentada por Sanit Engenharia, que cotizó 4,9 millones de dólares “sin IVA”.

Después de abiertas las propuestas, Aysam permitió que la empresa ratificara o rectificara el tratamiento del impuesto.

Fiscalía calificó esta situación como de “especial gravedad”, al considerar que podía afectar la igualdad entre los oferentes y la intangibilidad de las ofertas una vez conocidas las propuestas de los competidores.

¿Hubo perjuicio económico?

El dictamen no afirma que Aysam haya provocado un daño económico al Estado. Pero tampoco logra descartarlo.

Fiscalía encontró que algunas ofertas del concurso incluso superaban los valores de contrataciones directas anteriores. Sin embargo, no pudo determinar si el primer contrato, realizado en diciembre de 2024, tuvo un precio razonable porque había sido cotizado por metro lineal y las contrataciones posteriores se calcularon por horas.

Por eso, pidió a Aysam información complementaria para determinar si existió o no un perjuicio patrimonial.

Las observaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que deberán analizar eventuales responsabilidades dentro de sus competencias.

El expediente no demuestra por ahora sobreprecios ni direccionamiento de contrataciones. Pero sí deja expuestos incumplimientos en contrataciones directas y serios cuestionamientos sobre cómo se modificaron las reglas de un concurso público.