Con la profundización de la crisis económica que estamos viviendo, la falta de mecanismos de contención para los consumos problemáticos y la ineficacia del sistema policial-judicial frente a los delitos, los hechos de inseguridad han continuado en varios distritos de nuestro departamento.

Uno de los lugares donde los robos se han seguido dando con altos niveles de impunidad es Jocolí. En algunos sectores los delitos volvieron a convertirse en moneda corriente. Hay familias a quienes les roban herramientas o cualquier bien que tengan en los patios o alrededores de sus casas. Pero la falta de controles también hizo que los delincuentes se animaran a un poco más y ya, algo que hasta hace poco no era habitual, fuerzan puertas, rejas o ventanas para ingresar a las viviendas. Incluso el nuevo cajero automático, que estaba a punto de inaugurarse, sufrió el robo de luminarias a pocos metros de la Subcomisaría.

En general, la indignación de quienes son víctimas de los delitos pasa porque sienten que denunciar no tiene sentido, ya que no hay acciones efectivas que disminuyan los hechos, permitan recuperar los bienes robados o detengan a los responsables. Además, si bien la instalación de los tótems fiscales acercó un poco el mecanismo de denuncia, muchos sostienen que no resultan suficientes y que, en algunas oportunidades, igualmente son citados a la Fiscalía de Las Heras, con las complicaciones logísticas que eso implica. Vale recordar que el año pasado la Procuración decidió cerrar la Fiscalía de Lavalle, que funcionaba en Villa Tulumaya.

Otro de los hechos que genera malestar es que hay personas de la comunidad que compran objetos robados aun sabiendo su origen. Esto suele quedar en evidencia por los precios irrisorios a los que se ofrecen y porque quienes los venden son personas que ya han sido señaladas por hechos similares. En más de una ocasión incluso aparecen «pruebas» en redes sociales, cuando alguien publica fotos con artículos denunciados como robados.

Personas afectadas por los delitos señalan que, cuando la policía llega tras un llamado al 911 o directamente a la Subcomisaría, muchas veces esa intervención no se traduce en medidas concretas para esclarecer el hecho. Según relatan, el propio personal policial suele manifestar que está «de manos atadas» por la falta de órdenes judiciales para avanzar en determinadas actuaciones. Algunos vecinos incluso aseguran que, en ocasiones, agentes han deslizado la barbaridad de que deberían «actuar» por cuenta propia frente a los ladrones.

Por su parte, la Municipalidad organizó hace algunos meses una reunión para avanzar con la instalación de alarmas comunitarias, un sistema que funciona con buenos resultados en otros distritos del departamento, aunque en Jocolí todavía no se ha puesto en marcha.

Una nueva reunión

Cada tanto, cuando el enojo vecinal empieza a hacerse sentir con más fuerza y vuelve a circular la posibilidad de un corte de ruta o de un reclamo organizado, la situación parece ganar algo de movimiento.

En los últimos días, vecinos y vecinas de Jocolí presentaron una nota dirigida al jefe departamental de Policía, Amado Fuentes. En representación de la comunidad manifestaron «nuestra preocupación por los recientes y reiterados hechos de inseguridad en la zona» y solicitaron una reunión «a la mayor brevedad y, en lo posible, con el ayudante fiscal para exponer la situación actual, acordar medidas preventivas y mejorar la presencia policial en el distrito». En la nota también sostienen que consideran «fundamental la coordinación entre las fuerzas policiales, la fiscalía y la comunidad».

A partir de ese pedido, desde la Delegación Municipal se dispusieron las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) para realizar la reunión el próximo martes 4 de agosto, a las 18. Desde la organización señalaron que fueron invitadas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, quienes confirmaron su asistencia, además de personal policial local y autoridades municipales.

Más allá de los robos: una comunidad golpeada por los consumos y la falta de oportunidades

La sucesión de robos expone una preocupación que va mucho más allá de los hechos policiales. En Jocolí, como en otras localidades del departamento, crece un malestar que vecinos y vecinas describen con preocupación: el aumento de los consumos problemáticos en un contexto donde muchos sienten que las respuestas no llegan.

Quienes viven y trabajan en la comunidad sostienen que reducir el problema a la delincuencia sería quedarse con la parte más visible de una realidad mucho más compleja. Detrás de los robos aparecen historias atravesadas por las adicciones, la precariedad económica, la falta de espacios de contención y un horizonte cada vez más incierto para muchos jóvenes y adolescentes.

En ese contexto, el daño no se limita a las pérdidas materiales. Lo que más preocupa es el desgaste del entramado comunitario. En pueblos donde todos se conocen, quienes delinquen, quienes padecen consumos problemáticos y quienes resultan víctimas suelen compartir la misma escuela, el mismo barrio, vínculos familiares o amistades. Por eso, el conflicto deja de ser únicamente un asunto de seguridad para convertirse en una problemática social que impacta de lleno en la convivencia cotidiana.

Distintas miradas dentro de la comunidad coinciden en señalar la ausencia de políticas sostenidas que aborden la situación de manera integral. Reclaman más dispositivos de prevención y acompañamiento para personas con consumos problemáticos, espacios culturales y deportivos, oportunidades de estudio y trabajo y una presencia estatal que priorice el cuidado de la comunidad.

Consideran que, sin ese abordaje, los robos seguirán siendo la manifestación más visible de un problema mucho más profundo, uno que requiere reconstruir los lazos sociales además de mejorar la respuesta frente al delito. En Jocolí, muchos vecinos sienten que el problema ya dejó de ser solamente la inseguridad: lo que está en juego es la convivencia de toda la comunidad.