Según los datos del gobierno provincial aproximadamente el 45% de la economía de Lavalle depende del sector agropecuario. Por lo que una crisis en este rubro genera una clara desestabilización en buena parte de los bolsillos lavallinos.

En base a esto El Despertador tomó distintas fuentes para tratar de poner sobre la mesa los principales desafíos que los productores deben superar en estos tiempos.

Crisis en la vitivinicultura

En los últimos diez años Lavalle perdió 2.004,3 hectáreas de vid. Esto revela la comparación de los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza con el informe anual de superficie 2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Mientras que en el relevamiento 2014/2015 este departamento contaba con 14.294 hectáreas de viña, a principios del año pasado eran 12.289,7.

Para decirlo en términos simples, 1 de cada 7 hectáreas que tenían vid hace una década hoy ya no la tiene.

Esto no necesariamente significa que sean tierras improductivas, en algunos casos hay una reconversión hacia el sector frutihortícola para obtener mayor rentabilidad.

Aunque en otros, drásticamente, han quedado abandonadas o loteadas.

Una de las principales razones detrás de esto es la sostenida caída del precio de la uva (en parte, debido a una disminución global en el consumo de vino) pero fundamentalmente al incremento de los costos.

A modo ilustrativo, hace unos años una unidad económicamente rentable era de unas seis hectáreas, hoy la unidad mínima para obtener rentabilidad es de veinte hectáreas.

El Pistacho, ¿alternativa para algunos y espejismo para muchos?

Especialistas ven en el auge del consumo industrial de este fruto seco una valiosa oportunidad de negocios en la que Lavalle tendría las características climáticas ideales para participar.

Hace poco más de un mes el Municipio organizó junto al Ministerio de Producción de Mendoza y el INTA una jornada de capacitación e intercambio donde se promovió el pistacho como una renovada fuente de ingresos para el departamento.

Sin embargo, en una nota de enero de 2025, el especialista del INTA Eduardo Trentacoste (disertante en el evento) señaló que la inversión para implantar pistacho sin incluir la tierra, pero incluyendo el sistema de riego, está entre U$10.000 y U$15.000 por hectárea. La misma fuente indica que el recupero total de la inversión se produce alrededor de los 15 años y que se necesitan al menos 10 hectáreas para que el negocio sea rentable.

Es decir, un aporte significativo que tendrá plena ganancia en una década.

Los porcentajes de ganancia en el mercado internacional son más que atractivos, pero ¿cuántos productores lavallinos podrán sostener (y esperar) ese volumen de inversión?

Producción caprina

Según los datos del Ministerio de Ganadería de Mendoza, Lavalle es el tercer departamento con mayor cantidad de cabras, sólo superado por Malargüe y San Rafael.

Alrededor de 440 familias son las que desarrollan la actividad con un perfil de pequeña escala que tienen serias dificultades para avanzar.

Además de la escasez de infraestructura en el secano y del recurso hídrico se suman otras contras.

En 2025 nuestro medio visibilizó la preocupación de los productores caprinos del secano por la reducción de los servicios del SENASA en la zona.

La ganadería enfrenta un problema de fondo idéntico al sector frutihortícola: costos que suben y ventas que caen.

En el caso caprino la progresiva desertificación ha hecho menguar las pasturas, por lo que complementar la alimentación de los animales con forraje incrementa el costo productivo.

A su vez, el no poder acceder a la totalidad de las vacunas limita el acceso a los canales formales de comercialización. Esto obliga a utilizar vías informales que dan menos ganancias.

A esto se suma la reducción en el consumo cárnico en las mesas argentinas por la problemática económica que traviesan una gran mayoría de los hogares.
Un especialista que trabaja asesorando a las familias de las zonas no irrigadas lo definió como «una economía de subsistencia».

El rol del Estado y el camino a un futuro mejor

La ingeniera Mariana Díaz Valentín, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA Lavalle, opina: «el rol de las instituciones públicas es, justamente, generar políticas públicas para estas situaciones. Para eso necesitamos instituciones fuertes, financiamiento, equipos de trabajo acorde a las necesidades de territorio.

Hoy la realidad es que muchas instituciones hemos perdido más del 20% del personal…las que quedamos estamos en una situación de desfinanciamiento, lo cual disminuye mucho las posibilidades de intervenir en el territorio.

Esto implica el doble desafío de generar articulaciones entre las instituciones que estamos desde lo Nacional, Provincial y local…Algo que sería muy importante sería que se generen líneas de financiamiento para que el productor tenga herramientas…»

Además, Díaz hizo hincapié en fortalecer el asociativismo: «la solución no es individual, hay que trabajarlo de forma organizada, colectiva, entre los que tienen la misma problemática…»

Con respecto hacia dónde debería proyectarse Lavalle, la especialista opinó: «no hay una receta mágica, una solución única…las soluciones deben ser construidas desde el territorio y desde los distintos actores. Porque si no a veces se generan políticas macro que no se adaptan a la realidad de la gente y no terminan dando solución a las problemáticas de los productores».

La representante del INTA focalizó en la planificación junto con los actores; en el rol del cooperativismo y en el financiamiento de las instituciones públicas.

Esto último, según ella, «es hoy nuestra mayor debilidad para generar impacto en el territorio».