La jueza porteña Laura De Marinis declaró inconstitucional la reforma del régimen penal juvenil aplicable a un caso en que está imputado un menor de 14 años. La reacción del sistema mediático y político de las fuerzas de derecha fue apabullante.

En estos links podemos ver y escuchar cómo reconocidas figuras de la pantalla convocan a echar a la jueza, a llamar por teléfono a su juzgado y a escracharla por distintas vías.
“La jueza Laura De Marianis (sic) es una imbécil, es una mala persona, hay que sacarla del lugar”. (Luis Novaresio)

“Volvemos a poner el nombre y apellido… vamos a poner el teléfono de su público despacho… vamos a ponerlo en pantalla y yo le voy a pedir a nuestra audiencia que llame”. (Eduardo Feinmann)

El escrache se multiplicó en miles de repeticiones con mensajes del mismo tipo en los principales medios de comunicación social del país. La reacción de la derecha política fue inmediata: Jorge Macri la criticó, su ministro de Justicia pidió su juicio político, la fiscalía apeló la decisión de De Marinis y a los pocos días una cámara integrada por Ignacio Mahiques, hermano del ministro nacional, revocó el fallo, apartó a la jueza de la causa y la derivó a otro juez.

Jueces, sindicatos, organismos de Derechos Humanos, se solidarizaron con la magistrada atacada. Vale la pena repasar algunas cuestiones que este incidente manifiesta, más allá del hecho delictivo que dispara el escarnio, que corresponde a conocedores profundos del evento y del derecho evaluar.

1. Escarnio mediático

En este suceso se pone en evidencia, en particular, el comportamiento de los comunicadores, en general, la concentración mediática y falta de pluralismo discursivo. ¿Es concebible que en las principales señales del país reconocidos personajes llamen a agredir (eso hacen) a una jueza (o a cualquier persona)? Evidentemente es concebible porque eso pasa, pero no es justo. Tengamos presente que por mucho menos la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) ha conseguido encarcelar personas, por ejemplo, a Cristian Díaz, a quien arruinaron la vida.
Más allá del nombre de estas personas que tienen poco de periodistas y mucho de mercenarios propagandistas lo importante es la propiedad de los medios de comunicación social y el pluralismo de sus discursos. Los medios tienen un gran poder sobre nuestras democracias, permitir que un solo grupo concentre enorme cantidad de ellos supone darle una capacidad exorbitante de incidencia en las decisiones públicas y de manipulación de la opinión pública. El ejemplo más reciente y palpable es cómo Milei se tuvo que perder en el bolsillo los insultos contra Clarín y terminó otorgándole la fusión de Telecom con Telefónica, a pesar del tuit que mantiene fijado en su cuenta que comienza diciendo CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA (en mayúsculas).

No es sólo la propiedad, es el pluralismo. No alcanza con multiplicar los dueños de los medios si todos dicen lo mismo. En una sociedad democrática es necesario que las distintas expresiones político-ideológicas presenten su interpretación de la realidad a las audiencias masivas.

2. Capacidad extorsiva

En lenguaje más académico podríamos llamarle “capacidad de incidencia” en la política pública, pero para los medios hegemónicos argentinos, caracterizados por un comportamiento mafioso, es más descriptivo hablar de extorsión.

El poder exorbitante que ostentan permite a Clarín y las repetidoras de su discurso ejercer un nivel de presión fortísimo sobre las decisiones del ámbito público o aún privado. La regla es que ganan sus batallas, aunque un ejemplo en contrario (por el momento) que también demuestra cómo actúa el sistema es el ataque a Claudio Tapia y la AFA. La percusión es impiadosa, incluye el ataque metódico por sus medios y los aprietes judiciales; el objetivo también es claro: sacarle el fútbol a las asociaciones civiles sin fines de lucro (los clubes tal como los conocemos en nuestro país). La resistencia de Tapia es una de las noticias importantes de los últimos tiempos, que, quizá, indique que vamos entendiendo.

Como le dijo Jorge Rendo, número 2 de Clarín, al General César Milani cuando estaba en prisión: “acuse a Cristina y sus problemas judiciales se acaban en 10 minutos”.

3. El negocio del miedo

Una estrategia típica de las derechas para la que los medios son esenciales. No se trata de que los delitos no existan, sin embargo, cuando se centra toda la atención en ellos con un abordaje basado en el temor y la retaliación, está servida la mesa para el engaño punitivista.

Puede ser útil para desviar la atención de problemas públicos que señalarían déficits gubernamentales, como la crisis económica, educativa o sanitaria y llevarla con otros rumbos. Se repite lo que ocurre en este caso con el gobierno porteño de Jorge Macri, delitos, que es tarea del poder público evitar o minimizar, sirven de ariete propagandista a políticos de derecha para pedir penas más duras o sanciones más efectivas. Macri, Cornejo y su ministra Mercedes Rus, utilizaron este caso para propalar discursos punitivistas, cuando es precisamente a ellos a quienes la población de los respectivos distritos debe responsabilizar si hay delito en las calles.

4. Contra el derecho

La apelación al castigo, cuanto con más saña mejor, remite a una fibra emocional de la gente que, si algunos pudieran, llevaría al linchamiento del acusado. Tenemos casos. Al contrario, la construcción jurídica civilizatoria, hasta tiempos recientes consagrada hegemónicamente en nuestra legislación, prevé otra cosa. Baste recordar el artículo 18 de nuestra Constitución:

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

La sola lectura de esta manda debería llevarnos a revisar los debates en torno a seguridad. Cárceles sanas y limpias para seguridad, no para castigo, prohibición de medidas mortificantes, tormentos y azotes, además, por supuesto, del debido proceso. Nuestra Carta Magna, verdaderamente liberal lejos del sentido que hoy se da al término, tiene en el respeto a estos principios sus pilares.

5. Estigmatización clasista

Por supuesto, como sabemos, no todos estamos igualmente sujetos a la ley. Con algunos, es rigurosa, como ocurre con los pobres, con los débiles; con otros generosa, garantista. Las derechas, en cada turno, modifican leyes para hacer más pétrea la protección de supuestos derechos adquiridos por monopolios y corporaciones. Tienen todas las garantías existentes y algunas más. El actual gobierno llegó al extremo de prorrogar jurisdicción, una aberración que consiste en que si una minera que se acogió al RIGI tiene un pleito con el Estado, lo dirimen jueces extranjeros. Algo innecesario, en ningún lugar encontrarán los poderes concentrados jueces más favorables a sus intereses que en la Justicia Federal argentina.

Un par de casos importantes en que se manifestó la férrea objeción de estos jueces a favorecer a las mayorías los constatamos en las trabas a la Ley de Medios y en la declaración judicial de la nulidad del decreto que hacía de internet y telecomunicaciones un servicio público esencial.
Garantista con los poderosos, punitivista con los pobres, puede ser una caracterización justa de cómo funciona la cúspide del Poder Judicial.

Conviene referir a la caracterización que utilizan los medios hegemónicos para impulsar este modo de operar. Usan la categoría “delincuente” para un pibe de 14 años que intentó robar un celular pero no para funcionarios del actual gobierno nacional que desfalcaron $ 158.000.000.000 de plata para discapacitados y, además, recibieron sobornos.

No hay delincuentes, para el derecho hay hechos delictivos, y hay que probarlos. La diferencia parece una sofisticación pero es esencial para recuperar una institucionalidad democrática. Durante el Siglo XIX y principios del XX, Cesare Lombroso difundió su teoría por la cual los delincuentes eran reconocibles por sus rasgos fisonómicos, la famosa portación de cara. Contra esta abominación se estructuró el edificio jurídico liberal (aunque cueste creer el uso preciso del término). Hoy los mercenarios de la pantalla, el poder concentrado y las derechas vuelven a un lombrosianismo fascista para poner bajo sospecha a pobres, débiles y desamparados.

Darles pelea es requisito para reconstruir un elemental pacto de convivencia.