La Casa Rosada llegó a un acuerdo con el resto de la Mesa de Enlace y las semilleras. Pero la entidad federada lo rechaza.
Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), en el que acusa a la Casa Rosada de «regalar la soberanía productiva», según consignó esta mañana el portal La Política Online.
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de «mayoría» que presenta el Gobierno contempla «la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación».
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo «legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia».
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: «Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos», apuntó.
«Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo», disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
«Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto», dijo Etchevehere. «Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes», agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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