El complejo ubicado sobre ruta 34 en Villa Tulumaya no tiene servicios y la Unión Vecinal le reclama al propietario el cumplimiento de lo pactado en la venta. Acusaciones cruzadas con el Municipio y una reflexión sobre la problemática de fondo.
Roberto Zeballos creó el «emprendimiento inmobiliario» en 2014 donde se dio la venta de los primeros lotes de un total de 111 proyectados. Con el pasar de los años los vecinos empezaron a notar que esta persona no cumplía con las demás condiciones estipuladas en el boleto de compra-venta como la urbanización (con los servicios de electricidad y agua correspondiente), la donación de calles, entre otras.
Ante los reclamos y averiguaciones llegaron a la conclusión de que el supuesto loteo no estaba registrado como tal en la oficina de Catastro Municipal, sino que figura como un único terreno sin proyecto de urbanización.
Así fue como poco a poco los nuevos poseedores de los lotes vendidos por Zeballos comenzaron a organizarse hasta constituir una unión vecinal con personería jurídica.
«Nosotros que nos hemos conocido ahora como vecinos y hemos comparado los boletos de compra-venta vemos que no hay uno igual que otro. En los más viejos se compromete a más cosas como servicios, urbanización, donación y hasta cuneta, en los más nuevos promete sólo algunas de esas cosas.
Este hombre (Zeballos) no quiere regularizar su situación, nos quiere hacer cargo a los vecinos de deudas que él tiene con Irrigación, que no nos corresponde pagar porque es mucho más vieja que cuando algunos de nosotros compramos los lotes.
Tampoco quiere escriturar…no tiene intenciones de escriturar ni ahora, ni nunca, entonces es como que nos tiene presos…porque el lugar por el que hemos pagado está irregular con su documentación… las personas que viven allí no tienen agua potable y él no tiene plata para realizar las obras a las que se comprometió…no quiere realizar la donación de calles porque dice que no es su obligación, cuando en algunos boletos de compra-venta él se comprometió a eso…»
Desde la organización de vecinos explicaron que el caso es muy apremiante porque «desde que uno firma un boleto de compra-venta tiene un plazo de diez años para hacer pedidos para que se cumpla lo estipulado allí, luego no hay derecho a reclamo…y algunos ya están próximos a cumplir ese plazo…el tiempo nos corre…»
Para graficar la aparente mala disposición del cuestionable dueño, afirman: «nosotros entendemos que no va a hacer las obras a las que se comprometió, por eso como Unión Vecinal nos conformaríamos con que nos escriturara para nosotros después poder avanzar con el resto…»
Actualmente hay alrededor de 60 lotes vendidos, de los cuales unos 33 propietarios conforman la unión vecinal.
El cuestionamiento al Municipio
«…al no tener escritura no podamos acceder al crédito (para urbanización), tampoco el Municipio dice que puede hacer nada porque no está hecha la donación de calles y se excusan en que los carteles que han puesto de ‘no compre si no realizó la averiguación pertinente’ están por el dueño del loteo (Zeballos), cuando un cartel que está alejadísimo del loteo no es avisar.
…Cuando uno tiene un comercio y no cumple con las regulaciones te lo clausuran, ¿por qué no hacen lo mismo con este hombre siendo que las personas siguen comprando lotes? Hay gente que sigue siendo estafada y el Municipio lo único que te dice es ‘nosotros pusimos un cartel’…ni siquiera hay un cartel en la puerta del loteo…»
…Nosotros hemos ido con la mejor predisposición de averiguar, de hacer todo para que nos digan ‘no podemos hacer nada porque ya pusimos los carteles y ustedes compraron igual, no se puede hacer nada’. ¿Cómo no se puede hacer nada con este hombre que está estafando en su territorio?»
El planteo de la Unión vecinal Los Parrales de Villa Tulumaya es especialmente válido para quienes no residen en Lavalle y, atraídos por la necesidad y los bajos precios, buscan adquirir terrenos en este departamento, como es el caso de varios de quienes conforman dicha organización y otras con conflictos semejantes, como El Palmeral.
La respuesta municipal
Como anticipándose a esta nota, el 2 de septiembre pasado el Departamento de Planeamiento y Catastro Territorial confeccionó un informe para dar su versión sobre este tema.
El escrito declara que a principios de agosto se mantuvo una reunión con la citada unión vecinal y representantes de la Dirección de Hábitat y de Catastro de la Municipalidad de Lavalle.
Allí los vecinos expusieron sus necesidades más urgentes: la red eléctrica y de agua potable. A lo que los funcionarios respondieron que esa era responsabilidad del propietario del loteo, o en su defecto, de los poseedores actuales. Pero que los costos de esas obras «bajo ningún punto de vista pueden ser costeados por el Municipio».
Luego, el texto oficial aclara que, «varios de los integrantes de la Unión Vecinal fueron informados desde esta Oficina, previo a la adquisición de un terreno interno, sobre la situación del loteo, en cuanto a la falta de Servicios de electricidad y agua potable, así como también, a la falta de documentación del proyecto en sí».
Posteriormente expone los pasos que los vecinos deberían seguir reconociendo que éstos «conllevan un costo elevado, pero es la única forma de poder urbanizar el predio con los servicios básicos».
Atento a esto el informe destaca que el Municipio ofrece costear la mano de obra de la ejecución de la red de agua potable y, «una vez obtenida la personería jurídica definitiva de la Unión Vecinal, se les puede ayudar con el armado de la carpeta municipal con todos los ítems necesarios para poder ser incluidos en algún programa de urbanización que pudiera alivianar los costos».
La situación de fondo
Saliendo del caso puntual de Los parrales, existe un planteo que estos vecinos realizan y que podría ser el tema más preocupante.
¿Cómo pudo Roberto Zeballos continuar con un loteo altamente irregular desde 2014 hasta la actualidad (porque los últimos lotes se vendieron sorprendentemente en 2022)?
Si la actividad de Zeballos, como él mismo la ha planteado, es un emprendimiento inmobiliario y no una venta aislada y ocasional, ¿por qué en casi diez años la Municipalidad de Lavalle no lo clausuró como podría haberlo hecho con cualquier establecimiento comercial irregular? ¿por qué, si distintas fuentes confirman que los famosos carteles de advertencia surgen justamente a partir de este loteo, no se puso uno en la entrada del mismo, sino a kilómetros?
Respuestas que claramente no entraron en el informe oficial.

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