Si hay algo que quedó claro del próximo cierre de la escuela Campesina por las autoridades de la Dirección General de Escuelas, es la falta de empatía por la gente de zonas rurales que trabaja y estudia al mismo tiempo. No es nada nuevo, pareciera que a cada paso, parte de la pelea de los sectores populares pasa por hacer entender a autoridades vetustas, añejas en sus concepciones, que en educación hay prioridades, y que esas prioridades se basan fundamentalmente en hacer viables los formatos escolares para la gente excluida, y no que la gente excluida sea parte de formatos preestablecidos por burócratas entre cuatro paredes.
Esta fue la maravillosa, muy freireana idea por cierto, de la Escuela Campesina de Agroecología en Jocolí, cuando abrió sus puertas allá por el año 2011.
Hasta ahora había logrado sobrevivir, aunque en una anterior ocasión le habían querido dar de baja. Corría el año 2020 y la intención de la DGE de Thomas, de ese señor que sabe poco y nada de educación, que dice que sabe, pero que es solo para la tribuna, es decir para la radio, había intentado, pero había retrocedido al mismo tiempo. Ni el propio Jaime Correas se había animado a tanto, pero a esta DGE, la gestión social parece no interesarle en absoluto.
Algunos números
La escuela Campesina está desde hace 11 años. En ella funciona un Cens de jóvenes y adultos bajo una modalidad completamente innovadora: el cursado presencial era una semana al mes, que luego de la pandemia se amplió a dos semanas al mes de cursada presencial, lo que permite a alumnos y alumnas de zonas rurales continuar con sus tareas laborales fundamentalmente.
Por el CENS pasaron cerca de 200 alumnos y alumnas en estos años, provenientes de distintas partes del departamento, e incluso de Mendoza, que al conocer la modalidad podían trabajar y estudiar al mismo tiempo, con menores sobresaltos.
La escuela en un comienzo tuvo 50 horas cátedras repartidas entre 7 docentes, un directivo y un asesor pedagógico. Luego, las horas se redujeron a la mitad y la DGE decidió sacar el cargo de asesora.
En números, para la DGE no significa nada, ya que no se hace cargo de material educativo, ni de fondo escolar, ni de limpieza. Todo corre por cuenta de la propia institución, que a pulmón y merced a un trabajo de articulación muy intenso con otras entidades, pudo desplegar incluso otras carreras de educación superior, como el profesorado para docentes primarios y Ciencias Agrarias que continúan allí.
El nudo del problema
El problema es básicamente, un problema político e ideológico por la afinidad y el compromiso de la institución con la educación popular y una mirada liberadora y humanista de la educación como tal. Es esa mirada la que perturba a la DGE, que es cada vez más autoritaria en su concepción y altamente antidemocrática en estos últimos tiempos.
Es esa la confrontación que hay, y no otra, la que se pone de manifiesto en este cierre, que no es el único de gestión social, pero que duele por el significado y por la realidad cierta, de que decenas de jóvenes, más de 60 deban volver a sus casas, abatidos, sin la posibilidad cierta de terminar la escuela.
Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan.
Para el radicalismo gobernante, esta máxima que tantas generaciones abrazaron con denuedo, dejó de serla hace mucho tiempo.

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