La importante movilización del sábado en Uspallata contra el proyecto minero San Jorge pone en evidencia, una vez más, la constante amenaza que representa la megaminería a cielo abierto para el agua y el medio ambiente en Mendoza. Centenares de personas, comprometidas con la defensa de la ley 7722 y la protección de los recursos naturales, marcharon para rechazar el avance de este proyecto que, como hace seis años, busca imponerse mediante presiones empresariales, políticas y sindicales.
El hecho de que manifestantes ambientalistas fueran agredidos el viernes por fuerzas vinculadas a la UOCRA y a la barra de un club del parque, es una señal alarmante de la intolerancia hacia la resistencia ciudadana. Este tipo de acciones violentas intenta acallar las voces de quienes defienden el bien común frente a intereses particulares que buscan explotar nuestros recursos a costa del medio ambiente.
Lavalle y un hito clave
La lucha por la defensa del agua en Mendoza tiene hitos clave, y uno de ellos fue el rol decisivo que jugó Lavalle en 2019, cuando se derogó la ley 7722 para imponer una nueva normativa que habilitaba la mega minería. En ese contexto, la movilización masiva de los mendocinos, con un compromiso ciudadano ejemplar, logró en apenas 10 días revertir la derogación y reinstaurar la ley 7722 como la guardiana del agua y del medio ambiente.
Palabras que emocionaron
El aporte de Lavalle fue fundamental. En ese momento, el ahora intendente Edgardo González votó firmemente en contra de la derogación de la ley 7722 y en contra de la nueva norma que pretendía habilitar proyectos como San Jorge. Su postura reflejó el sentir de la comunidad y fue un acto de coherencia y compromiso con el pueblo lavallino. Esta defensa le valió la simpatía de sectores de la juventud que lo vieron como un paladín contra la megaminería contaminante.
De hecho, el propio Gonzalez tuvo expresiones al respecto en su momento y delante de centenares de personas agolpadas en la Casa de la Cultura, quizá la intervención más aplaudida de todas, en un contexto de confrontación enorme contra el aparato gubernamental suarista y cornejista. No fue el único, a decir verdad, puesto que en ese momento, la resistencia al proyecto megaminero tuvo figuras fundamentales en Roberto Righi, Carina Segovia y Gerardo Vaquer, abanderados de la resistencia, junto a la asamblea por el agua pura de Lavalle y miles de lavallinos, que tomaron las calles del departamento, la explanada de la casa de gobierno para manifestarse.
Compromiso vs, demagogia
La defensa de la ley 7722 y del agua en Mendoza exige claridad y compromiso por parte de todos los sectores políticos conscientes de Lavalle, aunque sean minoritarios. Es oportuno recordar la actitud firme del bloque justicialista el año pasado, cuando se alzó unánimemente contra las declaraciones de la vicegobernadora, quien calificó como una «tontería» la aprobación de la 7722 en su momento.
Sin embargo, vivimos tiempos en los que aparece con fuerza otro consenso. Este «clima de época» que da lugar a relativizar valores fundamentales como la defensa del agua nos obliga a exigir definiciones claras y contundentes de nuestros dirigentes. Es esencial que el intendente, el ex intendente, y todos los actores políticos de Lavalle asuman una postura activa y comprometida, como lo hicieron en 2019, cuando la movilización popular demostró que la voluntad del pueblo puede prevalecer sobre los intereses de unos pocos. De lo contrario, sería pura retórica y pura demagogia.
La defensa del agua no es solo una causa política o ambiental, sino también una lucha económica y social que afecta profundamente a los productores del departamento. Ellos son los primeros en sufrir las consecuencias de proyectos que ponen en riesgo este recurso esencial para sus actividades y para la vida de toda la comunidad. Por eso, la posición de los dirigentes debe ser amplia e inclusiva, sumando a jóvenes, productores, y a todos los sectores sociales, en una causa que es de todos.
La defensa del agua no puede ser una causa pasada de moda, activada solo en momentos de crisis o descontento social. Debe consolidarse como una verdadera política de Estado, la más esencial y prioritaria, que garantice el sustento y la vida en el departamento de Lavalle y en toda Mendoza. Sin agua, simplemente no hay futuro: no hay cosechas, no hay riego, no hay producción, no hay vida. El agua no es solo un recurso; es la base misma de nuestra existencia y de cualquier posibilidad de desarrollo humano y económico.
La ley 7722 es un pilar en esta lucha, y su vigencia debe ser respetada y protegida frente a cualquier intento de flexibilización. Este es un llamado a la unidad y a la acción conjunta para garantizar que Mendoza siga siendo un ejemplo en la defensa de sus recursos naturales.

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