Hace alrededor de 2 meses, Daniel sufrió el robo de su hogar en un barrio de Villa Tulumaya. Los delincuentes entraron, forzaron un portón de entrada y se llevaron objetos valiosos de su vivienda. Tras el robo, Daniel inició el procedimiento habitual: denunció los hechos a la policía, colaboró con las investigaciones, y presentó las denuncias pertinentes en la fiscalía local de Lavalle. Sin embargo, el proceso no avanzaba y la frustración crecía con cada día que pasaba.
Cansado de la falta de respuesta, Daniel decidió seguir con su vida, sin esperar demasiado de las autoridades. Pero el destino le dio una sorpresa cuando, navegando en Internet encontró uno de sus objetos a la venta. No dudó en volver a la fiscalía de Lavalle, pero allí se encontró con una desagradable sorpresa. Los funcionarios judiciales no tomaron la ampliación de la denuncia y, según Daniel, le dieron largas excusas sin darle la atención debida. Era el mediodía.
Frente a esta actitud, Daniel no se dio por vencido. Decidió viajar a Mendoza, donde en el Polo Judicial explicó exactamente lo mismo que había explicado en la fiscalía de Lavalle. Inmediatamente, los funcionarios judiciales le tomaron la ampliación de la denuncia y tomaron cartas en el asunto. Una llamada al supuesto propietario generó inmediatamente una cita entre Daniel y el supuesto ladrón para simular una compra. La misma se pactó para un par de horas en un sitio público de Mendoza. Daniel fue, pero esta vez acompañado de las autoridades judiciales y la policía. Al rato, el individuo llegó con el objeto en la mano. Mientras tanto Daniel miraba la escena de lejos. En un instante se aparecieron patrullas, policías, investigadores que acorralaron a quien llevaba el objeto, presumiblemente robado. Fue complejo, pero no tanto como para no actuar. Que es lo que hicieron en la fiscalía de Lavalle.
Es en este punto donde surgen dudas inquietantes sobre la actuación de la fiscalía. A pesar de tener una nueva pista concreta que podría haber acelerado la investigación, la falta de interés de los funcionarios locales levanta dudas. La negativa a tomar la ampliación de la denuncia y la desidia mostrada por la fiscalía parecen apuntar a una incomprensible actitud por parte de los funcionarios actuantes, que se reveló cierta, al contrastarla con el expeditivo trabajo de funcionarios provinciales. Es menester que el Ministerio Público Fiscal tome cartas en el asunto. Y que el municipio, que sostiene que uno de sus paradigmas es la seguridad, fije una agenda con el procurador, para que de una vez por todas, se acabe la impunidad en Lavalle.

Basurales en Lavalle: estudiantes investigan y los resultados preocupan

¿Qué contenidos ven los adolescentes? El 31% vio publicaciones sobre autolesionarse

Apuestas online: uno de cada cinco estudiantes secundarios apostó dinero por internet

Uno de cada cuatro adolescentes intentó reducir el uso de pantallas y no pudo

A los 4 años, casi 4 de cada 10 niños ya usan celulares y la edad promedio del primer teléfono propio es de 9,6 años

Luis Petri le traba a Cornejo un crédito de USD 200 millones que tiene el aval de Caputo