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3 de abril de 2025

Mendoza: Tras la presión social, la justicia libera a los ambientalistas detenidos

  •   Por El Despertador
           

En una decisión que marca un precedente en la defensa de los derechos ambientales y la protesta social, la jueza Claudia Tula se declaró incompetente en la causa contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. La magistrada ordenó su inmediata liberación y remitió el caso a la Justicia Federal, un reconocimiento implícito de que las detenciones respondían a una estrategia de criminalización de la protesta contra la megaminería en Mendoza.

 

Soria y Cornejo fueron arrestados en el contexto de la lucha contra la reactivación del proyecto minero San Jorge, impulsado por la multinacional Solway Holding. Desde principios de año, la comunidad de Uspallata ha expresado de manera masiva su rechazo a este emprendimiento, argumentando que su instalación pone en peligro la cuenca del Río Mendoza, fuente vital de agua para miles de mendocinos. La detención de los activistas generó un amplio repudio en la sociedad y en el ámbito ambientalista, con más de 160 organizaciones exigiendo su liberación y denunciando la persecución política.

 

Las organizaciones denunciantes sostienen que el Estado, junto con Minera San Jorge y la Cámara de Proveedores Mineros, han buscado criminalizar a quienes resisten el avance de la megaminería en la provincia. «Las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida», señalaron en un comunicado. También advirtieron que esta persecución no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan sistemático para debilitar la lucha social y facilitar la entrega de los bienes comunes a intereses económicos privados.

 

El reconocimiento de la incompetencia por parte de la jueza Tula implica que el caso debe ser tratado en el ámbito federal, lo que abre la posibilidad de que se investiguen las irregularidades del proceso y los intereses políticos y económicos detrás de la criminalización de la protesta.

 

La lucha por la defensa del agua en Mendoza es histórica y ha logrado importantes victorias, como la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Sin embargo, los intentos por desmantelar esta legislación y avanzar con proyectos extractivos continúan, lo que ha generado una resistencia constante por parte de las asambleas ciudadanas.

 

Desde la Asamblea de Uspallata y otras organizaciones sociales llamaron a mantenerse en estado de alerta y movilización para evitar nuevos intentos de represión y avanzar en la investigación sobre las verdaderas motivaciones detrás de la persecución a los defensores del territorio.


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