En el marco de un fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una reestructuración que amenaza su continuidad en los territorios rurales. En Lavalle, productores y trabajadores advierten que el cierre de agencias pone en riesgo la soberanía alimentaria y el acompañamiento técnico a las familias agricultoras.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la política de la motosierra se ha traducido en cierres de ministerios, despidos masivos y profundos recortes presupuestarios.

Según estimaciones, el presupuesto nacional de 2025 contempla una caída real del 24% en el gasto público respecto a 2023, afectando áreas estratégicas como salud, educación y desarrollo productivo. Organismos históricos como el INTA o el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) no quedaron al margen: sólo en el INTA se proyecta el cierre de casi 300 Agencias de Extensión Rural y una posible ola de 1.500 despidos.
En este contexto, la preocupación crece en Mendoza, donde el INTA tiene una larga tradición de trabajo territorial junto a pequeños y medianos productores. Fernando Aristizábal, productor viticola y chacarero de La Pega y presidente del Consejo Asesor Local del INTA en Lavalle, explica que para las familias rurales el organismo es mucho más que un apoyo técnico: «El INTA nos permite investigar y crecer, nosotros no tenemos el tiempo ni los recursos para hacerlo por cuenta propia, y ese valor para nosotros es fundamental».

La posible desaparición de agencias de extensión no solo impactaría en el acompañamiento técnico: afectaría directamente la capacidad de los territorios de producir alimentos sanos y accesibles. «El INTA cumple una función esencial para lograr la soberanía alimentaria, no es solo una ayuda al productor, es una política pública que garantiza que podamos alimentarnos bien», subraya Aristizábal.
Desde su experiencia cotidiana, los productores perciben que sin la asistencia técnica y la transferencia de conocimiento que brinda el INTA, los desafíos productivos se vuelven más difíciles de afrontar. Santiago Ermili, quien produce olivos, pistachos y alfalfa en San Francisco, recuerda cómo el organismo lo acompañó desde sus primeros pasos: «sin tener ningún contacto, se acercaron a mi finca, analizaron el suelo, los olivos, me dieron herramientas para mejorar, me enseñaron a producir de manera agroecológica, a generar redes con otros productores». Para Ermili, cerrar el INTA es quitarle al pueblo una herramienta vital: «No solo se genera comida, se genera trabajo, se redistribuye conocimiento, se impulsa la economía familiar desde abajo».

La mirada crítica también apunta a los efectos estructurales que puede tener este ajuste. «Romper esta herramienta en favor de un modelo agroexportador es concentrar la riqueza, degradar la tierra y obligarnos a consumir alimentos de baja calidad o envenenados», advierte Ermili, reflejando una preocupación extendida entre las familias productoras.
Desde adentro del propio INTA, la preocupación es igual de profunda. Mariana Díaz Valentín, jefa de la Agencia de Extensión Rural de Lavalle, confirma que la reciente reestructuración aprobada por el Consejo Directivo Nacional modificó funciones clave del organismo: «hasta ahora, las decisiones administrativas y de recursos humanos estaban en manos de profesionales de carrera, con este cambio, pasan a ser controladas directamente por cargos políticos», explica. Además, adelanta que las medidas podrían derivar en el cierre de agencias, recortes presupuestarios y en la disponibilidad de los trabajadores, una figura laboral que habilitaría despidos incluso de planta permanente.

Frente a este panorama, tanto productores como trabajadores del INTA coinciden en la necesidad de defender el rol que el organismo cumple en los territorios. «El INTA es como una universidad pública para el campo. Ha sido un motor de crecimiento y de soberanía. No podemos darnos el lujo de perderlo», afirma Aristizábal, haciendo un llamado no solo a los productores sino a toda la sociedad: «si no somos productores, somos consumidore, todos tenemos que defenderlo».
Mientras a nivel nacional se suceden las protestas y los reclamos, en cada rincón del interior rural las familias agricultoras siguen sosteniendo la producción de alimentos, acompañados -por ahora- por una institución que entienden como propia, construida a fuerza de trabajo conjunto, conocimiento compartido y compromiso con la tierra.


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