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24 de junio de 2025

Las comunidades huarpes se reunieron para frenar la derogación de la Ley 6920: “sería una segunda conquista”

  •   Por Juan Burba
           

A 20 años de la sanción de la Ley 6920, que otorga tierras a comunidades huarpes del secano lavallino, el gobierno de Mendoza impulsa un proyecto que busca anular parte de esa norma. La iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Cornejo a la Legislatura plantea derogar los artículos que disponen la expropiación de tierras privadas, dejando vigentes solamente las adjudicaciones de tierras fiscales. El argumento oficial es que la ejecución de las expropiaciones es «de imposible cumplimiento» por obstáculos judiciales, altos costos y dificultades técnicas. Pero las comunidades afirman que la intención real es desmantelar sus derechos.

En La Majada, más de 300 representantes de las comunidades huarpes se reunieron con legisladores de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Allí expusieron su rechazo al proyecto y compartieron información clave que desmiente las afirmaciones oficiales. Ramón Tello, presidente de la comunidad huarpe de San Miguel e integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI), entregó documentación que acredita la existencia de 11 comunidades reconocidas por el Estado nacional, todas con personería jurídica vigente. «No somos dos o tres, como dijo el ministro (Natalio Mema). Somos muchos más, aunque no estemos todos acá por las distancias y lo malos que están los caminos», explicó.

Tello también desmintió que no existan avances legales en el proceso de expropiación: presentó copia del plano de mensura y del depósito judicial del dinero previsto para indemnizar a los propietarios. «Todo eso está en el expediente judicial. No es secreto. Está sellado, registrado. Si el ministro no lo conoce, es porque no quiso verlo o lo mandaron a mentir», sostuvo. Además, aclaró que las tierras a expropiar no afectan áreas productivas: «No tocan ni un centímetro de tierra irrigada. Es todo secano. No hay argumento económico ni técnico para oponerse».

El proceso judicial comenzó en 2008, tras un fallo favorable a las comunidades. «La causa se tituló ‘expropiación por urgencia’. ¿Dónde está la urgencia si pasaron 15 años y no hicieron nada?», se preguntó Tello. Y remarcó que si bien el Estado ha expropiado tierras en plazos breves cuando se trató de intereses empresariales, en este caso nunca hubo voluntad real de cumplir con la ley. «Cuando el Estado quiere, expropia en dos meses. Acá, en 15 años, no hicieron nada. Y ahora quieren eliminar directamente la ley. No es una modificación: es derogación. Nos quieren volver a la situación del 2000. O peor, a cinco siglos atrás».

La propuesta oficial incluye argumentos que, según las comunidades, ya fueron utilizados por la Fiscalía de Estado en intentos previos por frenar la aplicación de la norma. Diego Barros de La Asunción, también integrante del CPI, señaló: «Este proyecto lo redactó la misma Fiscalía que hoy dice defenderlo. Usan los mismos argumentos de siempre: que no hay mensura, que no se puede censar en zonas inhóspitas. Pero el plano está y los censos se hicieron». En ese sentido, Tello recordó que en 2010, junto al INDEC, las propias comunidades relevaron casa por casa: «El resultado dio casi 5000 personas sólo en Lavalle. El último censo (NdR: Censo Nacional de Población y Vivienda) no reflejó esa realidad porque no fue hecho con participación comunitaria. Nosotros sí sabemos cuántos somos, y lo podemos probar».

Durante el encuentro en La Majada, también se expresó Nancy González, presidenta de la comunidad huarpe de San José, quien apuntó contra la falta de voluntad política: «No cumplir con la ley ya es una violación de derechos. Y si la derogan, estarían matando el futuro de nuestros hijos y la historia de quienes lucharon para que hoy estemos acá».

Las comunidades también denunciaron penalmente al Fiscal de Estado por incumplimiento de la ley, pero la causa fue archivada por decisión política. «Lo salvaron con votos», recordó Tello, quien además valoró el apoyo del intendente de Lavalle, Edgardo González. «Es muy doloroso ver cómo quieren quitarle los sueños a la gente», dijo el jefe comunal. Y agregó que el Estado no puede argumentar que la ley es onerosa: «Si no se puede aplicar, que quede como está. Pero derogarla sería gravísimo».

El diputado José Luis Ramón, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, también marcó posición: «Esto no es un conflicto. Es un derecho. Un derecho que el Estado debe reconocer y respetar. No vamos a mirar para otro lado cuando se intenta avanzar sobre derechos indígenas reconocidos por la Constitución».

Desde el justicialismo, el diputado Julio Villafañe lamentó la ausencia de legisladores oficialistas en la reunión: «Somos siete en la comisión y hoy solo estamos quienes integramos el PJ y Protectora. Eso muestra una falta de compromiso».

Cristian Ocaña, presidente de la comunidad huarpe de El Retiro, fue claro: «Esta ley nos ampara. Sin ella, nos quedamos sin protección legal. Vamos a luchar hasta lo último para evitar que la deroguen».

Las comunidades ya anunciaron que la semana próxima se reunirán con senadores y no descartan presentar una demanda internacional si el proyecto avanza. Por su parte, el gobierno provincial los invitó a una mesa de diálogo, pero las comunidades pusieron como condición el retiro del proyecto de derogación. «Solo así podremos sentarnos a hablar en igualdad de condiciones», advirtieron.

Para cerrar la jornada, el cantor Darío Jofré, de San José, compartió una canción que resume el sentir de su pueblo: «Nos quitaron el agua y le llamaron desierto. Hasta talaron el árbol que daba pan a mi pueblo… Por eso pido justicia. Justicia para mi pueblo».


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