En Lavalle, familias y vecinos sostienen el reclamo contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras Diputados lo rechazó y se espera la decisión del Senado, la Municipalidad reaccionó tarde, pero se puso a disposición.
El grito de las madres
«Nos quitan la vida, no beneficios». Con esa consigna, madres de Lavalle irrumpieron en la plaza departamental y expusieron la crudeza del momento que atraviesan. Para ellas, la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un mero beneficio social ni una dádiva estatal, sino la posibilidad concreta de que sus hijos accedan a tratamientos, medicamentos y acompañamiento.
Rebeca García y Carmen Riveros fueron algunas de las voces que sintetizaron el malestar: «Nuestros hijos no pueden esperar», dijeron frente a decenas de vecinos que acompañaron la movilización. Su reclamo puso en primer plano lo que significa el ajuste nacional en los cuerpos y en las rutinas de quienes requieren apoyos específicos para vivir con dignidad.
«Ya es un montón que se haya declarado la ley, pero ahora corremos el riesgo de que nos quiten accesibilidad, recursos y posibilidades», señala Rebeca. «No se trata de dinero, sino de calidad de vida. Hablamos de colectivos adaptados, de terapias, de rehabilitación, de la independencia posible para nuestros hijos. El Estado tiene que hacerse presente».
El testimonio de Carmen es aún más crudo. Madre soltera de dos hijas con discapacidad, describe lo que implica la ausencia del Estado: «La bomba de baclofeno es esencial para mi hija y el botón gástrico que la alimenta, hace más de 9 meses que espero que me lo entreguen. Si se cae esto, la vida de mi hija está en absoluto riesgo» El costo de esos insumos médicos se mide en millones de pesos cada dos meses. «¿De dónde voy a sacar 3 o 5 millones? No hablamos de un lujo: hablamos de sobrevivir».
Ambas coinciden en que el veto presidencial fue un golpe inesperado. Celebraron la sanción de la ley como un primer alivio, una forma de actualizar nomencladores, aranceles y pensiones, de sostener instituciones y terapias que se caen a pedazos. Pero el presidente, con la lapicera, echó atrás esa esperanza. «Es increíble que alguien que tiene que cuidar a su pueblo decida lo contrario porque le rompe un número fiscal», remarca Rebeca.
El veto y el revés legislativo
El presidente Javier Milei vetó la ley apenas días después de que fuera sancionada, lo que generó una ola de indignación en todo el país y movilizaciones en distintas provincias. El argumento oficial fue que la norma representaba un gasto «inviable» para el Estado.
La respuesta social y política no tardó en llegar: la semana pasada, la Cámara de Diputados votó el rechazo al veto con 172 votos a favor y 73 en contra. Fue un revés político para el oficialismo y un alivio para familias y prestadores. Sin embargo, la definición no está cerrada: ahora la pulseada pasa al Senado, que deberá ratificar o no la decisión.
Voces de Lavalle: resistencia y organización
En Lavalle, la reacción fue inmediata. Vecinos autoconvocados, madres y prestadores de servicios organizaron encuentros en la plaza departamental, visibilizando la problemática y exigiendo respuestas claras a sus legisladores a través de una nota en la que juntaron centenares de firmas.
«El veto es inhumano», se escuchó repetir en grupos que iban compartiendo sus realidades. El mensaje es contundente: el Estado nacional no puede recortar en un área donde lo que está en juego no es un beneficio económico, sino derechos básicos y la vida misma.
La movilización también sirvió como espacio de contención. Familias que habitualmente atraviesan solas las dificultades del cuidado, encontraron en la calle un lugar para compartir la bronca, pero también para transformarla en acción colectiva.
El reclamo del acompañamiento local
La Municipalidad de Lavalle no acompañó las protestas públicas, aunque estuvo colaborando con los trámites de algunas familias. El gesto fue leído, por parte de las familias organizadas, como insuficiente: esperaban la presencia y alguna instancia de trabajo con las familias afectadas.
«Puede haber faltado comunicación, pero nosotros estamos siempre disponibles para asesorar y acompañar», aseguró Osvaldo Sarmiento, Director de Desarrollo Humano de la comuna en diálogo con la 89.1. Hay quienes esperaban ver a las autoridades municipales al frente de una defensa activa y visible. En un contexto en el que se recortan derechos básicos, el acompañamiento institucional es clave. Por eso las familias reclamaron presencia política en la calle y el respaldo público.
Para muchos vecinos, la actitud de la gestión municipal ratifica una distancia creciente entre el discurso oficial y las necesidades reales de la comunidad, mezclado con la falta de dureza ante medidas nacionales o provinciales, para mantener los buenos vínculos con el gobernador Cornejo.
El debate que sigue abierto
El futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad ahora está en manos del Senado. Mientras tanto, la incertidumbre continúa y las familias siguen sosteniendo el reclamo en la calle. En Lavalle, las movilizaciones prometen continuar y la plaza departamental se convirtió en símbolo de resistencia y de exigencia colectiva.
En medio de ese escenario, el rol del municipio aparece cuestionado: su respuesta tardía y sin definiciones concretas deja un vacío que la propia comunidad intenta llenar con organización y solidaridad.
Más allá de la ley: la vida cotidiana
El debate nacional puede parecer abstracto, pero en Lavalle se traduce en lo inmediato: la cobertura de un tratamiento, la continuidad de una maestra integradora, el acceso a medicamentos, el traslado a un centro terapéutico.
Las madres lo saben mejor que nadie: cada demora en la política significa retrocesos en la vida de sus hijos. Por eso insisten en la frase que se volvió bandera: «No se trata de beneficios, se trata de vida».

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