Se escapó con una engarilla. Caminó más de diez cuadras, siguió hasta su casa. Era cerca de las 12 de la noche. Luego volvió a salir, continuó merodeando cerca de un supermercado hasta que finalmente lo volvió a su casa. Dos días después, lo interceptó la policía en su casa.
¿Cómo se reconstruyó con precisión esa secuencia? Porque las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos: lo vieron en distintos puntos, trasladando un par de inodoros y otros objetos. Esa fue una de las varias subidillas de robos registradas en la última semana de noviembre, hechos que complicaron el trabajo de las fuerzas policiales y del Centro de Monitoreo. Tras unos días de seguimiento, se identificó al sospechoso y, ya detenido, quedó a disposición de la Justicia.
Vale aclarar algo que suele pasarse por alto: las cámaras sí detectan. Registran, identifican y ayudan a dar con los responsables. Muchas causas no se difunden y por eso pareciera que nada sucede, pero los procedimientos existen y las cámaras funcionan. Este caso lo demuestra.
Sin embargo, esta misma semana puso en evidencia otro problema que afecta directamente a la seguridad del departamento: la falta de movilidades. Con el traslado de la Fiscalía Nº2 a Las Heras, muchos denunciantes deben ser trasladados hasta allí en vehículos policiales, lo que reduce significativamente la cantidad de móviles disponibles para patrullar Lavalle. Esta situación motivó el reclamo del municipio, que volvió a remarcar la escasez de recursos que enfrenta la Policía Departamental.
En un contexto donde Lavalle ha sufrido múltiples hechos delictivos -en Villa Tulumaya, Costa de Araujo y Paramillo– resulta inevitable preguntarse por la planificación y por la forma en que el Ministerio de Seguridad está abordando la situación. Mientras las cámaras muestran eficacia en la detección, la falta de móviles expone una debilidad estructural que impacta de lleno en la prevención.

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