El gobernador Alfredo Cornejo salió este jueves a respaldar sin matices al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, y descartó cualquier posibilidad de removerlo de su cargo, pese a la imputación judicial que enfrenta junto a otros directivos por los derrames cloacales que contaminaron cauces de agua en Los Corralitos.
En lugar de expresar preocupación por los hechos investigados o esperar el avance de la causa, el mandatario eligió cuestionar abiertamente la actuación de la Justicia. «Yo no comprendo mucho esa imputación», afirmó durante una rueda de prensa, en una declaración que pareció anticipar una absolución política antes de que el proceso judicial avance.
Cornejo insistió en que la imputación no está relacionada con hechos de corrupción. Sin embargo, ese argumento elude el núcleo de la investigación vinculado al posible daño ambiental provocado por los vertidos cloacales y las responsabilidades de quienes tenían a cargo la operación del sistema.
A lo largo de su exposición, el gobernador buscó trasladar la discusión hacia la falta de inversiones acumulada durante décadas y hacia problemas estructurales heredados. Si bien esos antecedentes forman parte del contexto, la estrategia también le permitió evitar respuestas concretas sobre la actuación de los actuales responsables de la empresa estatal frente a una situación que terminó en los tribunales.
Una de las principales contradicciones de su discurso apareció cuando sostuvo que Aysam «no tenía otra opción» que realizar los vuelcos, pero reconoció al mismo tiempo que esas acciones podrían haberse efectuado con las autorizaciones correspondientes. Si no existían alternativas, queda por explicar por qué la empresa actuó sin contar previamente con todos los avales requeridos.
El gobernador también afirmó que actualmente Irrigación autoriza vuelcos similares a los que dieron origen a la causa. Sin embargo, lejos de despejar interrogantes, esa afirmación abre nuevos cuestionamientos sobre los controles ambientales y la forma en que se gestionó la emergencia.
De esta manera, Cornejo decidió cerrar filas detrás de uno de sus funcionarios más cercanos y desacreditar la imputación judicial antes que asumir alguna mínima responsabilidad política por un episodio que derivó en contaminación ambiental y en una investigación penal.

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