Una polémica bastante interesante se generó en la última semana en Lavalle por un pedido de informe solicitado por el concejal David Fiore al ejecutivo departamental. El motivo: el Centro de Monitoreo.
El concejal lavallino, en su momento promotor del Centro y pieza clave del proyecto, hizo un pedido de informes al municipio sobre algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento del Centro, inversión y funcionamiento de las cámaras de seguridad.

En una entrevista con el medio local Click, el edil sostuvo en una entrevista con el colega Pablo Chirino, que «el municipio viene respondiendo los pedidos que se le hacen desde otros ámbitos, no así la provincia». Y agregó: «el municipio tiene diez días para hacer los informes que le piden los concejales. No así la provincia, que tiene obligación con los legisladores». El problema radica en que, según Fiore, «entiendo que hay datos sensibles y eso es así, y que hay que construir el dato», «y yo no tengo problema en dar más tiempo, porque si es así, significa que están trabajando en el tema». Y agregó: «en lo que yo no estoy de acuerdo es en que se pidiera la reserva del dato, del expediente, tanto de comisiones como de sesiones. Entiendo que hay datos que deben ser reservados, pero no todos».
Esto disparó una serie de acusaciones en torno a esa preocupación del concejal lavallino y fue precisamente, Marcela Montenegro, directora del Área de Modernización quien le contestó con efusividad al concejal. Al respecto, la funcionaria señaló:
«El Municipio de Lavalle ejerce todos los días una gestión abierta y responsable, respondiendo los pedidos de acceso a la información pública y rindiendo cuentas sobre la administración de los recursos que pertenecen a todos los vecinos».

Montenegro agregó al respecto:
«Lo que no vamos a hacer es confundir transparencia con irresponsabilidad. Quienes hoy intentan instalar la idea de un supuesto ocultamiento de información saben perfectamente que la legislación establece límites claros cuando están en juego la seguridad pública, la protección de datos personales y el funcionamiento de áreas sensibles del Estado. Pretender que el Municipio difunda información que la ley obliga a resguardar no es defender la transparencia; es exigir que el Estado incumpla sus obligaciones para obtener una ventaja política».
La directora argumentó sobre la respuesta brindada al edil de Provincias Unidas al sostener que la respuesta brindada había sido completa en todo aquello que la normativa permitía informar: información presupuestaria, administrativa y financiera requerida, y, además, se remitió un oficio al Ministerio de Seguridad solicitando que establezca los criterios para una eventual visita al Centro de Monitoreo, tal como ocurrió el año pasado con el ingreso de los medios de comunicación.
En ese sentido, Montenegro subrayó que “sólo se reservaron aquellos datos cuya difusión podría comprometer la seguridad de la comunidad o vulnerar derechos protegidos por la Ordenanza N.º 1.129/2020, la Ley Provincial N.º 9.070 y los principios de la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de Datos Personales”.
Montenegro aprovechó para pasarle factura a Fiore, por el estado en el que -según Montenegro- había quedado el centro a la hora de asumir. Al respecto mencionó: «resulta oportuno aclarar otra realidad que algunos prefieren omitir. Cuando esta gestión asumió, el Centro de Monitoreo presentaba importantes deficiencias edilicias y operativas que nunca fueron contempladas al momento de su inauguración. Lejos de utilizarlo como una simple vidriera, el Municipio decidió invertir para ponerlo verdaderamente al servicio de la seguridad de los vecinos». Y agregó: «se realizaron mejoras en la infraestructura, se fortaleció el funcionamiento del sistema y se articuló el trabajo con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Gracias a esa decisión política, el Centro de Monitoreo dejó de ser un espacio de observación pasiva para transformarse en una herramienta que aporta pruebas, colabora en investigaciones y contribuye al esclarecimiento de hechos delictivos».
Si bien Fiore sostuvo que la intención era aportar a la seguridad, cuestión para él sumamente importante, y de la cual la provincia se desliga bastante, sosteniendo que los servicios provinciales en el departamento “son un desastre”, la directora de Modernización también hizo mención al rol de la provincia al asegurar que: «aún queda mucho por hacer. La seguridad es una responsabilidad primaria de la Provincia, pero el Municipio no se desentiende de esa realidad. Por el contrario, aporta recursos humanos, equipamiento e inversión permanente para acompañar la prevención y colaborar con las fuerzas de seguridad, haciendo mucho más de lo que legalmente le corresponde».
Y aunque no lo nombró, acusó a Fiore de montar una operación política construida sobre interpretaciones parciales de la ley. Y agregó, «llama la atención que quienes tuvieron responsabilidades institucionales y conocen perfectamente estas normas, hoy intenten desconocerlas para generar una polémica artificial».
Y finalizó: «Seguiremos respondiendo cada pedido de información pública, como siempre lo hemos hecho. Pero también seguiremos defendiendo un principio irrenunciable: ningún interés político puede estar por encima de la seguridad de los vecinos ni del cumplimiento de la ley».

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