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Movimiento Campesino presentó amparo para frenar la extranjerización de la Tierra

Por Jorge Abalo

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agosto 15, 2016

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrante de la Vía Campesina, presentó un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto que modifica la Ley de tierras en manos extranjeras. Lo hizo ante la Justicia Federal mendocina.

Dada esta situación, el viernes 5 de agosto, dicho movimiento social presentó en el Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Mendoza, a cargo de la Jueza Olga Pura de Arrabal, una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto 820/2016 de Poder Ejecutivo Nacional, que modifica sustancialmente la Ley 26.737, conocida como Ley Nacional de Tierras y que regula la extranjerización de la tierra en nuestro país.

La expresión en Mendoza de esta agrupación es la UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra), que nuclea organizaciones de base campesina en Lavalle, Las Heras, San Martin, Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco.

Esta organización históricamente ha denunciado la problemática de la extranjerización de la Tierra, y las violaciones de derechos campesinos por parte de empresas extranjeras.

En el caso de Lavalle, el holding español Argenceres – ELAIA S.A ha intentado avanzar sobre tierras campesinas en Jocolí, de manera ilegal y violenta, caso que ha sido informado en El Despertador en su momento.  Esta empresa está en falta en el registro nacional de tierras además de incumplir aspectos de la Ley Nacional 26737. Sin embargo, el Decreto 820/2016, del actual Gobierno Nacional, firmado por el presidente Macri, modificó esa Ley volviéndola inútil a la hora de controlar y regular el acaparamiento de tierras en manos de capital extranjero.

Hecha la ley, hecha la trampa

El decreto del Gobierno Nacional, modifica aspectos sustanciales de la Ley en cuestión: dificulta el funcionamiento y conformación del Registro de Tierras; amplía los límites impuestos por la ley para la propiedad en manos extranjeras; otorga reconocimiento de derecho a infractores de la ley, entre otras.

En este sentido, diversas organizaciones sociales han asegurado que todas las modificaciones dispuestas por este decreto “van en sentido contrario a los intereses del pueblo argentino, de las futuras generaciones y particularmente de los derechos de quienes viven y trabajan la tierra.

Para Diego Montón, representante del MNCI y miembro de la UST, la flexibilización de esta ley “es un camino para profundizar la privatización de la tierra, el agua y los bienes naturales, y su subordinación a los intereses del capital financiero y especulativo, poniendo serias restricciones a la posibilidad de construir Soberanía Alimentaria y Justicia Social”.

Además de esta presentación se realizaron otras 4 en distintos puntos del país, de la mano de diputados o particulares quienes también exigen el freno del decreto por inconstitucional. Según los críticos, resulta poco legítimo que una legislación que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, sea modificada sustancialmente por un decreto, algo que el macrismo criticó duramente durante el mandato de Cristina Fernández, pero que ha replicado, como es su estilo, con aumentos exponenciales.


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