A los diecinueve días del mes de abril de 1993, el por entonces intendente lavallino Sebastián Brizuela y su par de Las Heras Guillermo Amstutz firmaron un convenio para definir “acciones de ayuda, cooperación e integración entre los Municipios” en relación a una porción de sus tierras fronterizas.
Concretamente se trata del territorio al Este y Oeste de la ruta 40 desde 1900 mts. antes de la intersección de la ruta 34, en lo que históricamente se conoció como “Finca La Alborada” inclusive. Como límite Oeste se consideró la traza de las vías del ferrocarril General San Martín.
Este acuerdo era válido por 10 años autorrenovable y por medio del mismo el Municipio de Lavalle estaba autorizado a cobrar tasas municipales, habilitar y controlar comercios, realizar tareas de acción social, vivienda, obra pública y prestación de servicios. Es decir que básicamente se le dio autoridad a los lavallinos para gobernar en esa zona dado que por cuestiones de proximidad, se torna “más eficiente y económica la prestación de servicios públicos…” y “…a fin de priorizar las respuestas a las necesidades y requerimientos de los habitantes de las zonas referidas”, establece el convenio en su artículo 3°.
El documento se autorrenovó en 2013, pero al asumir Daniel Orozco en el territorio lasherino, decidió revocar este acuerdo mediante el decreto n°848 del 15 de marzo de 2016. El argumento principal fue que aparentemente el municipio lavallino intimó a pagar tasas municipales a CUYOPLACAS S.A., que no entra en los territorios del tratado.
Es decir, aunque sólo fuera una cuestión “de papeles”, los terrenos antes nombrados volvieron a dominio lasherino pero sólo hasta el 11 de abril de este año cuando Orozco firmó el decreto 1072 por el cual revocaba el anterior.
Cabe destacar que en realidad el acuerdo original aclara que Las Heras nunca renunció a esos sitios sino a gobernar sobre el mismo, ya que le salía más barato, y gracias a ello muchos habitantes de Jocolí pueden sentirse propiamente lavallinos.