Así lo manifestó la diputada justicialista Carina Segovia con respecto a un proyecto de ley aprobado que facilitaría la vida de los lavallinos. Apunta a una suerte de castigo electoral.

En 2013 la legisladora impulsó la publicación de la ley 8577 por medio de la cual se autorizaba la creación del primer juzgado de familia de Lavalle, seis años después sigue sin aplicarse, este año dicen que por supuestas razones presupuestarias.

Sobre las motivaciones de la ley, Segovia explica: “creo que es necesario no tanto por la cantidad de habitantes que tiene Lavalle, porque nunca nos van a dar las estadísticas, sino más bien por las distancias que nos separan de la Ciudad (de Mendoza)”.
“Cualquier problema de familia…que nos sea lo básico, un divorcio contencioso, una división de bienes, la gente tiene que moverse a Mendoza…no una sino muchas veces….mucha gente tiene situaciones jurídicas irresueltas por estas razones…La ley está vigente, estamos luchando desde entonces para que se haga efectiva”.

Segovia es parte del Consejo de la Magistratura y solicitó que se llamara a convocatoria para ocupar el cargo de juez de familia y concretar el anhelado juzgado lavallino. El organismo judicial aceptó, pero “…cuando estábamos a unos días de la audiencia donde los postulantes deben presentarse al Consejo para que los puntuemos, el subsecretario de justicia de la Provincia (Marcelo D’Agostino), esto fue a unos días de las PASO departamentales, dijo que no había dinero para el juzgado de familia de Lavalle, que sí había para el de Luján y se llamó a postular (para ese departamento)”.

“Es una cuestión de voluntad política, el cargo está porque la ley lo creó, el tema está en el presupuesto para el cargo…pero vemos que hay plata para otros cargos…hay una jueza de familia que por razones de maternidad no está ocupando su cargo, pero se le paga…es una decisión política asignar fondos para unos pocos cargos”.

La autora de la ley explicó que se habló con la Corte Suprema provincial que sólo se solicitaría un juez, un secretario y una asesora de menores y que el resto del personal sería compartido con el juzgado de paz de Lavalle a fin de abaratar costos, algo que el organismo de justicia vio con buenos ojos.
“Esto fue después de los resultados de las PASO de Lavalle, el subsecretario (D’Agostino) llegó muy enojado, se lo notaba molesto y dijo que no había plata, pero sí había para Luján, que ahora tiene dos juzgados de familia, Lavalle tiene cero. La desproporción y la desigualdad con la que se maneja no tiene lógica…nazcas donde nazcan en la Provincia se tiene los mismos derechos, tan básico como acceder a la Justicia”.

ED: ¿Qué pasos podrían seguirse para lograr que se asignen los fondos?
CS: “Más allá de que mi mandato se acabe este año, yo voy a seguir insistiendo por una justicia más cercana a la gente…lo que podría hacer es por medio de una asociación, alguna ONG que se vea perjudicada, que haga un recurso de amparo de urgimiento contra la Provincia, yo no lo puedo hacer porque soy legisladora, me muevo dentro de mi función.