La semana que se fue el gobierno nacional finalmente accedió a aprobar la ley de Emergencia Alimentaria en el marco de reclamos multisectoriales sobre el tema y duras declaraciones de una ministra.

La iniciativa que aglutina las 14 propuestas por distintos partidos opositores implica «un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».
Así mismo, se autoriza al gobierno nacional a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias para poder cumplir con lo previsto en la ley (es decir, no sería mayor ‘gasto’ sino cambiar la distribución del presupuesto actual), además de establecer los aumentos trimestrales en materia alimenticia y nutricional según el Índice de Precios al Consumidor desde el 1 de enero de 2020.
Esto, se da en el marco de constantes pedidos del catolicismo, sindicatos y hasta parte del empresariado, así como también múltiples organizaciones sociales, algunas de las cuales se manifestaron recientemente en Capital Federal y otros puntos del país.
En este contexto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habría minimizado la situación nutricional de una inmensa franja social con declaraciones tales como: «yo diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer… Si pasa hambre tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre»
Ante esto preguntamos, ¿cuál es la situación de quienes trabajan «en territorio» y cómo viven el panorama actual?
Eliana Parra es parte del grupo «Jóvenes de Lavalle» y coordina ayuda para dos comedores infantiles que en total asisten a unos 90 niños. Sobre los comentarios de la ministra dijo: «resulta indignante, no puedo creer que una persona en gobierno pueda decir (eso)..siendo que los comedores están tratando de solventar lo que las familias no pueden y habla de la crisis que estamos atravesando… Entendemos que los comedores y los merenderos no son dignificantes, porque para los padres no poder sostener el plato de comida es muy angustiante… es el Estado el que debe proveer las herramientas para que esos papás mediante el trabajo puedan llevar la comida a la casa, por eso me parece aberrante lo que ha dicho».
Comentó que además de los centros con los que colaboran les han pedido ayuda para abrir otros dos, «estamos hablando de una emergencia…porque si tenés que abrir más es porque la crisis económica es devastadora…generalmente se empieza poniendo del propio bolsillo y luego se reciben donaciones».
Sobre los avances en la ley de Emergencia Alimentaria opinó: «paliar la situación no sé si va a poder, porque estamos hablando de que a veces nos cuesta llegar a cada lugar…ojalá que esto concientice y podamos llegar lo más posible».
Por su parte, Lena Mozas es miembro de la UST, agrupada en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), organización que asiste a unas 25 mil personas en toda la Provincia. Apoyan con entregas de alimentos, con comedores y merenderos y por medio de la creación de unidades productivas como fábricas, viveros y otras que faciliten el desarrollo económico de las familias.
«Tenemos 200 personas de Lavalle solicitando trabajo…el desfinanciamiento del Estado nacional es importante, las unidades productivas pudieron adquirir maquinarias y equipamientos antes de 2016, después no han podido crecer en nuevos emprendimientos productivos…y del gobierno provincial lo único que se reciben son unas partidas muy escasas para armar bolsones de alimento».
Sobre la ley Mozas afirma que es un reclamo de las organizaciones a la Provincia desde 2017, «es un proceso acumulativo fruto de las políticas del gobierno nacional…estos comentarios (Bullrich) lo que hacen es desconocer del tema…no se trata de recibir de arriba alimento, el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales…está el derecho a la libertad, la Argentina está obligada a garantizar alimentación adecuada, suficiente y acorde a su cultura…es un derecho para todos, no para quienes lo puedan pagar».
La dirigente social explicó que el gobierno nacional ha estado «salteando» de mes en mes ayudas a comedores y espera que con la nueva ley esto al menos se regularice. También la tarjeta de compras del gobierno provincial, la cual considera una idea interesante pero que demora dos meses en gestionarse y anhela que puedan agilizarse esos procesos.