Hoy se cumplen 12 años se la «Masacre de Pueyrredón» donde la policía asesinó a dos militantes sociales. Familiares aseguran que el juez Lijo permite que «la impunidad siga vijente».

El 26 de junio del 2002, fruto de la terrible crisis económica que azotaba al país, diversas organizaciones barriales y sociales convocaron a un corte de de ruta en el Puente Pueyrredón que une la Provincia de Bs. As. con la Capital Federal. El gobierno del por entonces gobernador de la Provincia, Felipe Solá, y según se cree con el apoyo del ex presidente  Eduardo Duhalde ordenó a la policía reprimir e impedir la manifestación. Como fruto del brutal accionar policiaco fallecieron los jóvenes Darío Santillán y Maximilliano Kosteki baleados  por la bonaerense en la estación del ferrocarril Roca en Avellaneda.

Si bien efectivos policiales fueron condenados por los crímenes, entre ellos al comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta a cadena perpetua por doble crimen y siete tentavitas de homicido, familiares de las víctimas (que además de los fallecidos incluyen a los 33 heridos) acusan impunidad.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, organizador de los homenajes llevados a cabo por esta fecha en Bs. As., se ha cuestionado el accionar del Juez Federal Ariel Lijo como “uno de los principales responsables de que la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda haya sido archivada”. 

Leonardo Santillán (hermano de Darío) comentó a Telam que: «“Queremos que Lijo muestre en esta causa la misma celeridad que tuvo para condenar a Fernando Esteche y Raúl Lescano (militantes de Quebracho sentenciados por manifestarse contra un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobich) o sobreseer (Carlos) Corach en el encubrimiento del atentado a la AMIA” y agregó que al momento de hablar con fiscal de la causa, Miguel Angel Osorio, éste les comentó que “no podía avanzar en función de la inacción” que Lijo evidenciaba ante el expediente. 

Por su parte Vanina Kosteki, hermana del asesinado por la policía, afirmó a Página12 «algunos dicen que se condenó a Fanchiotti y Acosta, pero la condena no está firme; no hay condena que valga si no tiene condena firme» y sobre esto añadió «Parece que todo lo que hicimos no sirviera de nada porque cualquier tribunal de casación puede avalar el pedido de nulidad de juicio y quedar en libertad en cualquier momento».

El reclamo por la imputación de los actores políticos en el caso tiene larga data y ya en 2010