Recientemente en el diario Los Andes realizó un informe en el que se comenta la preocupante situación del agro mendocino frente al avance del sector inmobiliario. En esta nota un análisis del tema por un especialista.

Lavalle crece, eso es indudable, pero el punto a debatir es cómo lo hace, en beneficio y perjuicio de quiénes y hacia dónde se quiere llegar. Estos son los temas que se discuten dentro del campo del ordenamiento territorial, un concepto más hablado que concretado a nivel provincial y que en el Departamento ya se están dando los primeros pasos.
Cabe aclarar que este artículo no intenta demonizar la actividad inmobiliaria sino poner en tapete la necesidad de que los distintos actores, especialmente el Estado, tomen medidas urgentes para que el desarrollo habitacional y productivo sea armonioso y benéfico para todos.
En el caso específico lavallino es notable el incremento del movimiento inmobiliario no sólo en el saturado casco urbano sino cada vez más en los sectores rurales. Una referente inmobiliaria destacó: «estamos teniendo bastante movimiento últimamente, proyectos inmobiliarios hay unos cinco en ejecución actualmente y recibimos muchas consultas para evaluar la factibilidad de otros propietarios que quieren hacer emprendimientos turísticos o demás».
Si bien esto resulta positivo en razón de la carencia habitacional existente trae aparejado otro problema: la utilización de tierras productivas para la construcción de conjuntos habitacionales. Sobre esto se le consultó al subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos provincial, Ing. Leonardo Miranda, quien comentó: «es una preocupación que se viene discutiendo desde hace años, si bien se logró la Ley de Ordenamiento Territorial y una agencia para esto (APOT) no se ha podido trabajar en ordenanzas para frenar esta situación».
«Es una pérdida de suelo fértil que implica costos ambientales, económicos y sociales altísimos. En lo económico se pierde porque las tierras del agro son suelos servidos, porque tienen toda una infraestructura: servicios, transporte, agua, escuelas cerca, salud, sistema de riego y la tan necesaria cortina vegetal. Cuando la producción se debe mudar movida por la urbanización, toda esta inversión en infraestructura se debe volver hacer en otro sitio y eso implica tiempo y dinero que toda la sociedad, no sólo el agro, termina pagando».
Miranda también destacó los perjuicios sociales que esto acarrea dado que obliga a la familia rural a trasladarse y en el caso de Lavalle «tener que invertir en preparar un suelo para hacerlo apto para el cultivo en otro lugar».
En Lavalle se cuenta con dos ordenanzas que tratan de poner freno a este fenómeno, una de ellas es la 826/2013 que limita la fragmentación de los terrenos con derecho a riego a no menos de una hectárea. El Subsecretario evalúa esto diciendo: «Creo que está mucho mejor que la legislación trabajada en otros departamentos pero aun así es insuficiente».

Un desorden nada casual

La Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Nº 8051) fue aprobada en 2009 pero poco se ha avanzado desde entonces. Se creó la Agencia Provincial para el Ordenamiento Territorial (APOT) y el Consejo Provincial de Ordenamiento que funciona como órgano consultivo. Juntos crearon el Plan de Ordenamiento territorial que, trabado en la Legislatura desde el 1 de mayo de 2014 esperando ser avalado por ley para aplicarse. Sobre esto también se le consultó a Miranda.
ED: ¿A qué se debe que existan tantas demoras en aplicar medidas tan necesarias?
LM: «Hay intereses contrapuestos, hay ciertos sectores a los que les interesa que el orden actual prosiga, porque hay que aclarar que no es que está desordenado sino que hay un orden que beneficia a un sector determinado y perjudica a otro…En la Legislatura algunos piensan en proteger al agro y a la familia rural y otros consideran que legislar sobre eso es una privación a la libertad de mercado. Esto es un problema de la política y de la sociedad, detrás de un negocio inmobiliario hay intereses económicos y está bien que los haya, pero por eso se debe hacer un ordenamiento para delimitar dónde construir y dónde producir»
ED: ¿Cuál es la situación de los productores frente a esto?
LM: «A la agricultura le es imposible competir con lo inmobiliario simplemente por el valor de mercado del suelo, el agro ha sufrido múltiples rebajas. El ordenamiento territorial y las ordenanzas municipales delimitantes son imprescindibles porque la sostenida crisis del agro pone mucha presión para vender sobre el productor”.

En Lavalle se ha paliado esta situación con políticas concretas como el cooperativismo de productores, el turismo rural, el vino casero, y también las importantes obras en infraestructura que apuntan a proteger al sector y frenar el avance inmobiliario pero cuando eso no es suficiente se necesita de una ley dura que determine el futuro del suelo».