El jueves pasado Darío Martínez, secretario nacional de Energía, sostuvo públicamente que las tarifas de gas, electricidad y combustibles no deberían tener aumentos hasta fin de año pese a la «presión» que ejerce la suba del precio internacional del petróleo.

En este artículo no analizaremos los subsidios que los distintos Estados dan a los sectores más vulnerables de la población (que suelen ser las políticas más atacadas por ciertos discursos sociales, políticos y mediáticos) sino de los subsidios energéticos tanto para la industria como para el sector comercial y -por supuesto- los hogares. Es aquí donde los defensores del libre mercado empiezan a tambalear en sus convicciones, porque el tema es complejo.

El jueves pasado Darío Martínez, secretario nacional de Energía, sostuvo públicamente que las tarifas de gas, electricidad y combustibles no deberían tener aumentos hasta fin de año pese a la «presión» que ejerce la suba del precio internacional del petróleo.

Como nada es gratis en la vida, la realidad es que para poder mantener los precios estables el Estado nacional invierte en subsidios que compensan la diferencia entre el precio de costo de producción (con muchos componentes ligados al dólar) y la tarifa que pagamos los usuarios.

Quién es quién

Para empezar a entender esta temática hay que conocer a los actores. Como en todo producto, tiene que haber alguien que lo produzca, otro que lo distribuya y otro que lo venda a los consumidores finales.

El mayor productor (casi el único) es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), una empresa donde el 80% de los accionistas son privados y el 20% públicos principalmente a través de la Secretaría nacional de Energía.

CAMMESA se creó en 1992 en los desenfrenados tiempos privatizadores menemistas para brindar una supuesta mayor eficiencia y transparencia a la generación eléctrica. Pero, tal como lo dijo el especialista proveniente del radicalismo Mario De Casas, «intentaron hacer creer que privatizando se gana eficiencia y es todo lo contrario… los márgenes de ganancia de las empresas (eléctricas) están muy por encima de lo razonable según los estándares internacionales».

Su función, básicamente es generar la energía y después vendérsela a las distribuidoras como, por ejemplo, EDEMSA. Aunque previamente suelen mediar empresas transportistas, otro eslabón que encarece el servicio.

Esta megaempresa se creó en 1992 en los desenfrenados tiempos privatizadores menemistas para brindar una supuesta mayor eficiencia y transparencia a la generación eléctrica. Pero, tal como lo dijo el especialista proveniente del radicalismo Mario De Casas, «intentaron hacer creer que privatizando se gana eficiencia y es todo lo contrario… los márgenes de ganancia de las empresas (eléctricas) están muy por encima de lo razonable según los estándares internacionales».

Las palabras del ex director del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) Mario de Casas, en el período de Cristina Fernández quedan comprobadas por los datos: la tan mentada «eficiencia» neoliberal llevó a que una única empresa de mayoría privada produzca prácticamente toda la electricidad del país y absorba el 98% de los subsidios estatales.

Así es, de los $ 446 mil millones proyectados en subsidios al sector eléctrico por el gobierno nacional en el Presupuesto 2021, $441 mil millones van para CAMMESA según publican los colegas de Chequeado.com en base a documentación pública.

¿Qué pasa con los subsidios?

Según informa el Instituto Argentino de Energía «General Mosconi» (IAE) los subsidios que el Estado nacional invierte en para mantener establecer las tarifas energéticas aumentó por primera vez en 2020 luego de cinco años en descenso.

El punto máximo en la última década fue en 2014, cuando se otorgaron US$ 19.876 millones y comenzaron a descender progresivamente, en especial durante la gestión de Mauricio Macri, llegando a su punto más bajo en 2018 con U$ 4.718 millones (tendencia que se manifestó en los brutales aumentos tarifarios que condujeron a la quiebra a miles de PYMES).

En tanto, en 2020 el presidente Fernández autorizó un incremento subsidiario llegando al total de U$ 6.336 millones para amortiguar la paliza económica de combinar la pandemia del coronavirus con la pesada herencia del macrismo.

Viendo estos datos pareciera ser que el Estado argentino estuviera «condenado» a pagarle a un puñado de empresarios fortunas, o bien, dejar que el precio se dispare en los hogares e industrias.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que es una mentira que la única opción sea subsidiar o no subsidiar.

Es de suponer que a esto se refería el secretario Martínez al decir que el gobierno está pensando en «hacer un uso inteligente de los subsidios» haciendo que sólo paguen más quienes
efectivamente puedan hacerlo sin poner en riesgo su sustentabilidad.

Según un informe de la consultora Ecolatina, del ex ministro Roberto Lavagna, afirma: «el diseño de la transferencia es progresivo, pero pro-rico. En primer lugar, esto significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo. Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad. Este problema de equidad podría ser resuelto diferenciando a los usuarios».

Dicho de otro modo, si bien los subsidios benefician más a los sectores más pobres porque las tarifas energéticas representan un mayor porcentaje de los ingresos, todo indicaría que no son los que más energía consumen, sino los sectores más ricos porque cuentan con mayor infraestructura.

Es decir que, en términos totales, el Estado paga más por el consumo de los más pudientes que por los más vulnerables.

Irónicamente, esto indica que muchos de los que dicen «basta de subsidiar vagos» (refiriéndose a los más pobres con la AUH y otras) son los que pagan menos gracias -en parte- al trabajo del 42% de los argentinos bajo la línea de pobreza.

Es de suponer que a esto se refería el secretario Martínez al decir que el gobierno está pensando en «hacer un uso inteligente de los subsidios» haciendo que sólo paguen más quienes efectivamente puedan hacerlo sin poner en riesgo su sustentabilidad.

Para decirlo en términos coloquiales, el Estado invierte miles de millones de dólares en abaratar los costos de personas que poseen, por ejemplo un Audi TT 2020, que usado cuesta unos U$57.000 o un precio en pesos aproximado de $9.405.000 (unos 370 salarios mínimos).

Si la pregunta no es subsidiar o no sino a quién (y ya vemos a quién no), las nuevas preguntas son: ¿estará dispuesto a pagar el costo político de hacerlo Alberto Fernández? ¿la oposición lo apoyará o defenderá a los sectores más aventajados en perjuicio de los más débiles?

Un datito de yapa: si los planes no han cambiado, el 30 de junio próximo se realizaría la audiencia pública para saber si el EPRE autoriza un aumento eléctrico en Mendoza ¿qué piensan los distintos sectores políticos lavallinos al respecto? Te lo decimos en la próxima nota.