El diputado del Frente de Todos, Edgardo González solicitó al Director General de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP), Carlos Funes que en el plazo legalmente establecido remita a la Cámara de Diputados un informe detallado de la situación de los prestadores del servicio de transporte de personas con discapacidad afiliados a la obra social, debido a la preocupación que hay por interrupción del servicio.

“Este pedido surge a partir de que hemos tomado conocimiento por la información que nos ha hecho llegar un grupo de familias de personas con discapacidad del departamento de Lavalle afiliadas a la Obra Social OSEP, en la cual nos comentan sobre la gran preocupación que tienen por el comunicado que les han hecho llegar los transportistas”, expresó el legislador.

De acuerdo a esta propuesta, se habla de la creciente y desmedida inflación, la cual afecta el servicio y mantenimiento tanto de unidades como sueldo de los choferes y la falta de pago de los meses de febrero y marzo del año en curso (2022); (con valores de subsidios atrasados que limitan la calidad de servicio que ustedes se merecen).

“Se ven en la necesidad de establecer una fecha límite para el cese temporario del servicio, hasta tanto se regularicen pagos y valores; a fin de resguardar su servicio y la subsistencia del transporte y las familias dependientes de cada trabajador transportista”, indicó.

Teniendo en cuenta que la Provincia de Mendoza en el año 2.011, a través de la Ley provincial Nª 8.373 adhirió a la Ley nacional Nª 24.901 “Sistema de Prestaciones Básicas, habilitación y rehabilitación integral de personal discapacitadas”. Por ello, OSEP se encuentra obligada a cumplimentar lo expresado en sus artículos:

Artículo 1º – La Provincia de Mendoza, adhiere al régimen establecido en la Ley Nacional 24.901, que instituye el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Artículo 2º – La Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.) tendrá a su cargo con carácter obligatorio para sus afiliados la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en la Ley Nacional 24.901 y sus complementarias.

“Por tal motivo y considerando que este servicio es esencial para que las personas con discapacidad, puedan tener asegurada: atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y así otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas. Es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente Proyecto de Resolución”, finalizó González.