El caso de la celadora que habría maltratado a los menores a cargo puso en el ojo del huracán al organismo que interviene en los casos de vulneración de los derechos de los menores. Con la nota anterior surgieron nuevos casos
que denuncian irregularidades y malos tratos de parte del equipo técnico, el cual se mantiene con un alto hermetismo.

El caso de la celadora que habría maltratado a los menores a cargo puso en el ojo del huracán al organismo que interviene en los casos de vulneración de los derechos de los menores. Con la nota anterior surgieron nuevos casos que denuncian irregularidades y malos tratos del equipo técnico, el cual se mantiene con un alto hermetismo.

La semana pasada anunciábamos sobre una marcha que tendría lugar el lunes 26 de septiembre organizada por padres de la escuela Simón Chávez, quienes solicitan el traslado de una celadora acusada de violentar a menores que tenía a cargo y ser cómplice del aparente abuso sexual provocado por su cónyuge a una menor.

Sin embargo, el reclamo de esa comunidad educativa no termina allí, sino que reclama respuestas al Equipo Técnico Interdisciplinario (E.T.I.), que es el primero que debe intervenir en el resguardo de los derechos de los menores de edad.

Luego de la marcha le consultamos a una de las madres que organizaba la movilización si había tenido alguna respuesta de esta institución.

La mujer nos dijo que el organismo que en Lavalle es conducido por Gabriela Villegas lo único que les ha dicho es que «no hay denuncias (por el caso de la celadora), pero sí hay denuncias, hay un montón tanto de los vecinos como de la gente, si ellos buscan van a encontrar.

Pero para mí tienen todo encajonado y no quieren sacar nada, ninguna información».

Sin embargo, la publicación de la semana pasada donde se destacaba que habría habido un accionar cuestionable por parte del E.T.I. alentó a un lector de El Despertador a contarnos lo que él, su pareja y sus hijos tuvieron que padecer debido a este organismo provincial.

Ariel Painemal y Elisa Blasco son residentes de Villa Tulumaya, en noviembre de 2019 fueron citados por la escuela donde concurría su hija, la menor de tres, debido a las múltiples faltas de la pequeña. Ellos explicaron que llevaba un tiempo con un padecimiento físico que en el Sicoli no podían tratar adecuadamente y por eso debían viajar seguido al Hospital H. Notti para realizarle diversos estudios y esa era la causal de las faltas.

No obstante, ya para ese momento la institución educativa había dado notificación al E.T.I., por lo que fueron convocados también allí. Ariel relata así ese encuentro: «les explicamos que la nena estaba constantemente con vómitos y dolor de cabeza y por eso las faltas. Nos atendió el Lic. César Gauvrón, a mí no me dejaron pasar, sólo a mi mujer y ahí le dijeron de todo: que no era una buena madre y que le iba a sacar a sus hijos, que tenían que tomar medidas y los mandaron a los tres chicos al psicólogo, al C.I.C. de Costa de Araujo…nunca nos dio una derivación, nada por escrito, sólo dijo que los llevara al psicólogo».

Cuando fueron al establecimiento costeño les dijeron que Gauvrón debería haber hecho una derivación porque no sabían qué tratar en los chicos, cuando los padres le dicen esto al licenciado agente del E.T.I., el jefe de familia relata: «me dijo ‘vos no sos el padre biológico, así que no te podés meter’, yo le dije que convivo con ellos, ¿cómo no iba a meterme si en cada cosa que les pasa estoy con ellos? Pero me dijo que sólo le iba a hablar a la madre y empezó a decir de todo».

El maltrato que habría tenido este licenciado en psicología fue lo que llevó a que Ariel presentara un reclamo formal en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DI.N.A.F.) el 19 de febrero de 2020 acusando a Gauvrón de «persecución» y manifestando cómo los niños lloraban por tener que irse de su casa.

Pero el psicólogo no habría sido el único profesional sin vocación. Elisa afirma que la habrían mandado a hablar con el abogado del E.T.I. de Lavalle, alguien de apellido Zabaleta, «y fue sólo para recibir más humillaciones…no fue para nada bueno».
«Nos acusó de que, cuando mi hijo se cayó en la escuela, habíamos sido nosotros. La escuela intentó comunicarse con ellos varias veces…él nos decía ‘ustedes lo han golpeado’…yo le decía que cómo iba a hacer eso…ellos nunca pidieron el informe a la escuela…»

Al poco tiempo de esto y pese a que los menores, dos varones (de 14 y 11 años y una niña de 8), estaban asistiendo a terapia, el organismo liderado por Villegas los retiró de su casa y los llevó con la madre de Elisa.

La mujer, desempleada, les explicó que no podía tenerlos porque no tenía ingresos suficientes y porque su casa era muy pequeña. Entonces, el E.T.I. no tuvo mejor idea que trasladar a los hermanos a hogares dependientes de la DI.N.A.F.

No sólo eso, sino a distintos hogares a cada hermano, violando la Declaración de los Derechos del Niño ratificada por la Argentina, que dice: «El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia». Integridad, es decir, promoviendo la unión.

El argumento usado por el E.T.I. es que los chicos eran maltratados dado que uno de ellos había ingresado al hospital lavallino con una costilla fisurada. Sobre esto, Ariel explica que ese hecho ocurrió mucho tiempo antes de la primera intervención del organismo y fue en la escuela.

«Yo estaba trabajando y me llamaron que lo fuera a retirar porque se había caído y no tenían movilidad para trasladarlo, así que lo tuve que llevar yo en bicicleta, pero hay actas de que esto pasó en la escuela…»
Tanto Elisa, la madre, como Ariel explican que: «nunca hubo una denuncia concreta por maltrato, ni siquiera un informe médico, nunca se entrevistó a los chicos, no se les hizo una cámara Gesell, no se investigó nada…»

Sin embargo, los profesionales del organismo conducido por Villegas habrían continuado afirmando que él era un maltratador.
Por ello se dispuso llevar a los menores a los hogares estatales, medida «profesional» que lo único que hizo fue empeorar la situación de los hermanos.

Al mayor, que en ese momento tenía 14 años lo llevaron al hogar donde, según el entrevistado: «lo golpeaban y había días en los que no les daban de comer…se fue pesando 60 kilos y volvió con 40…»
Por los maltratos y toda la situación este jovencito se autolesionó cortándose varias veces dentro del hogar, algo que nunca le notificaron a la madre en tiempo y forma.

Pero la niña también lo sufrió teniendo 9 años en ese momento. Ella estuvo en el hogar n°8 de Maipú. «Le negaban el pan porque le decían que estaba gorda, la trabajadora Verónica Fernández le decía eso y que no iba a volver a su casa, y la nena lloraba», declara Ariel Painemal.

Elisa Blasco y él explican que tuvieron que pagar un abogado particular y con el apoyo de una ONG que acompaña en estos casos pudieron lograr el reintegro de los menores. Los primeros fueron los varones, en enero de 2021. Casi un año después de haber sido separados de su familia.

En tanto, a la niña la demoraron aún más tiempo, recién en mayo de ese año volvió a su casa.

Los jefes de familia relatan que luego de la reincorporación de los chicos a su casa «ellos tenían miedo de salir y que los volvieran a separar» y que debieron estar en terapia psicológica durante más de un año en el C.I.C. de Costa de Araujo, lugar donde «los profesionales se portaron muy bien con nosotros».

Esta es la primera vez que Ariel y Elisa cuentan su historia, y lo hicieron con miedo a que hubiese represalias de parte del E.T.I. o de otros de los denunciados.

Su temor no es infundado, «cuando denunciamos a Gauvrón por persecución fue peor, porque al poco tiempo los mandaron a los chicos a los hogares».

Confiamos en que esta vez las cosas serán diferentes.

De igual modo, desde El Despertador se ha iniciado un pedido de información pública con respecto a estos temas vinculados al ente que debería ser el primer defensor de los derechos de los menores en Lavalle.