Esta semana debido a una denuncia de la Cámara de Ópticas de Mendoza se suspendieron los operativos oftalmológicos que se estaban realizando en nuestro departamento. Desde esa entidad amenazaron con que la policía decomisaría todos los anteojos a los que lavallinos y lavallinas estaban accediendo a precio social.

El primer día del operativo, el pasado lunes, más de 60 jocolineros y jocolineras pudieron diagnosticarse de manera gratuita y acceder a sus anteojos a sólo $28.000, en su propio distrito, a pocos metros de sus casas, iban en bicicleta, moto o caminando, hasta el colectivo adaptado como un consultorio, donde les realizaban las mediciones, elegían los marcos y se llevaban «sus lentes puestos». El martes, y debido a la denuncia, el operativo en Tulumaya debió suspenderse al mediodía, dejando a casi 50 personas sin atención. Por el levantamiento de la actividad, el miércoles unas 80 personas quedaron sin atenderse en Costa de Araujo.

Los operativos estuvieron organizados, sin fines de lucro y de manera solidaria, por la Unión Campesina y Territorial (UCT) y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA). 

La denuncia

El argumento de la cámara empresaria es que el operativo era «ilegal». Consultamos a Raúl Videla, presidente de la entidad, sobre la situación: «la Ley 6321 del año 95 prohíbe la venta de anteojos en cualquier lugar que no sea una óptica, lo prohíbe expresamente y se refiere a lentes de sol, lentes recetados, lentes de contacto o cualquier artículo que se interponga entre el medio ambiente y el ojo, es decir todo eso está prohibido hacerlo en ningún lugar que no sea una casa de óptica habilitada por el Ministerio de Salud».

Particularmente sobre los operativos que se estaban haciendo en nuestro departamento señaló que «no tengo nada en contra de las campañas de salud visual, el tema es que en esa campaña de salud visual no puede estar trabajando un médico oftalmólogo en un lugar que no sea habilitado por el Ministerio de Salud, incluso la Ley también dice que ese médico tiene que estar matriculado en Mendoza».

La denuncia llega a la Cámara a través de las ópticas locales que la hacen y solicitan que la representación empresaria interceda en la situación. Videla informó también que los lentes vendidos en farmacias, tiendas de ropa, casas de deportes, en los mercados persas o, incluso, los que les da el PAMI a sus afiliados, también son ilegales, pero no fue tan claro sobre las denuncias de esos comercios: «se ha planteado en Defensa del Consumidor, desde la Cámara de Ópticas, y hemos dicho que queremos proteger la salud visual».

Por momentos, el referente empresarial suelta argumentos más corporativos: «las ópticas trabajan para ser legales y obviamente se quejan de un colectivo que no paga ningún impuesto, que no tiene nada registrado, que no tiene nadie habilitado». Porque «una óptica incurre, muchísimos gastos muchísimos impuestos, supervisión técnica, ópticos que estudiaron».

Los denunciados

Conversamos con Verónica Pascual, referente de la UCT sobre los operativos: «son organizados sin ninguna intención de generar ganancia para nuestra organización, SACRA, que lo viene haciendo hace tiempo con los mejores resultados, tuvo la generosidad de ofrecerlos para que los hagamos en Lavalle, y es impresionante la cantidad de gente que se inscribe o viene espontáneamente». Colas desde muy temprano, debido a que los precios sociales ofrecidos son una oportunidad imperdible para familias que no pueden pagar lo que les pide una óptica. «Tuvimos que llamar a un montón de gente para avisarles que por la denuncia se suspendía el operativo, y los mensajes que recibimos fueron muy tristes, porque lavallinos y lavallinos necesitan sus lentes», se lamentó la referente social.

«Entendemos el planteo que hacen desde la Cámara de Ópticas, respecto a la legalidad, pero nos parece muy injusto que se compare con los persas o las tiendas, que venden a quienes van y piden, en nuestros operativos profesionales miden y hace las mismas pruebas que en un oculista y una óptica y da el lente correcto» asegura Pascual, y señala: «nosotros no queremos que nadie se perjudique la salud, confiamos en quienes lo hacen, y facilitamos un derecho que el estado y las empresas no garantizan a la población».

En ese mismo sentido, le consultamos a Videla sobre si la Cámara de Ópticas o el estado tienen algún tipo de campaña o facilidades para familias de bajos recursos: «no, no hay una política desde el Ministerio de Salud» y se pregunta «¿qué hacemos con esa gente que no puede comprar que no tiene una obra social, que no puede acceder a un lente a un precio módico?, tendrá que ver» señala, y asegura que «las políticas que se desarrollan en general están cuidando de que la óptica cumpla con su función».

¿Hay intención de buscar soluciones?

Consultamos al representante empresarial sobre la posibilidad de buscar soluciones conjuntas al respecto «yo creo que para eso están las organizaciones sociales, como para que nos pongamos de acuerdo con la Cámara de Ópticas, y con el Ministerio de Salud a ver cómo accedemos, cómo hacemos, o con el mismo Municipio».

Verónica Pascual de la UCT matiza los dichos de Videla: «queremos que los operativos se sigan haciendo, pero el presidente de la Cámara nos llamó amenazándonos con denunciarnos y mandarnos a la policía si continuábamos con el operativo, ellos manifiestan preocupación por la salud visual de la gente, no les preocupa que cientos de personas no pueda acceder a sus anteojos» y concluyó «esta situación, si bien nos entristece, no nos sorprende, acá se ve, una vez más, que los intereses corporativos de las empresas son mas importantes que la salud de la sociedad».