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16 de febrero de 2025

Carta abierta al pueblo de la provincia de Mendoza

  •   Por El Despertador
           

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Ante la campaña masiva de desinformación y desprestigio en perjuicio del Pueblo Mapuche de Mendoza, la APDH Regional Provincia de Mendoza -con el consentimiento de la Organización Identidad Territorial Malalweche– pone a disposición de funcionarios públicos y población general una sinopsis histórica, antropológica y jurídica que permite comprender el estado de situación de numerosos litigios. Lo hacemos con la esperanza de que la quienes tengan información errónea -influidos por dichos de funcionarios provinciales y medios de comunicación- pero tengan honestidad intelectual, puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que en forma maliciosa, discriminatoria y racista se ha denominado “pseudo-mapuches”.

 

Sinopsis histórica-antropológica-jurídica del Pueblo Mapuche en la Provincia de Mendoza

 

Después del inicio de la colonización española en América del Sur y antes de la constitución de los Estados nacionales, a mediados del Siglo XIX, al sur de lo que actualmente es la provincia de Mendoza en Argentina y en la región centro-sur de lo que hoy es la República de Chile, un conjunto de identidades territoriales (denominados puelches, pehuenches, chiquillanes y huilliches, entre otros nombres)[1], caracterizados por pautas culturales y políticas[2], el idioma mapudungun, habitar un territorio desde el océano Atlántico al Pacífico y vínculos familiares y alianzas políticas, integraban lo que hoy se denomina pueblo mapuche. Estas comunidades tenían fluido intercambio social y familiar a ambos lados de la cordillera de los Andes, lo que está acreditado en numerosas publicaciones académicas especializadas[3].

 

Aunque los límites de las Provincias Unidas del Río de la Plata no estaban definidos con precisión en toda su extensión, en el caso argentino se reconocían fronteras con territorios que estaban habitados por pueblos originarios que eran denominados en forma genérica “indios”. Con ellos, tanto la Corona de España (a través de las autoridades del Virreinato del Río de la Plata) como el naciente Estado habían suscrito tratados de paz. Así, por ejemplo, en el año 1820 José de Susso, Comandante de Frontera, en una nota dirigida al Gobernador de Cuyo y al Cabildo de Mendoza hacía referencia a un parlamento en el que se reconocía el dominio territorial indígena al sur del Río Diamante[4]. Esta frontera entre el territorio indígena al sur del Río Diamante y la provincia de Cuyo al norte del mismo, se podrá apreciar a la luz de la Ley nacional N° 947 (del año 1878) a la que se hará referencia algunos párrafos más adelante.

 

La Constitución Nacional sancionada el 1 de mayo de 1853 establecía en el artículo 67, inciso 15 que el Congreso tenía las atribuciones de proveer a la seguridad de las fronteras y conservar el trato pacífico con ellos. Que entre las “fronteras” aludidas se incluían las existentes (de hecho y de derecho) con los pueblos indígenas, está atestiguado en el debate de la Comisión de la Asamblea Constituyente que deliberó sobre el tema.[5]

 

Sin embargo, en agosto de 1867 se sancionó y promulgó la Ley N° 215 denominada “Línea de Frontera Sud contra los indios en la ribera de los Ríos Negro y Neuquén”, tendiente a profundizar la ocupación de los territorios que habitaban los pueblos originarios y correr la frontera austral hasta dichos ríos. Esta norma, y su complementaria la Ley N° 947 (1878) muestran las razones de los drásticos cambios demográficos (casi el exterminio) de la población indígena en la zona en la que actualmente se emplaza la comunidad Lof El Sosneado (entre varias otras).

 

Resaltaremos a continuación algunos conceptos centrales de la Ley 215. En el artículo 1° se establecía: “Art. 1° Se ocupará por fuerzas del Ejército de la República la ribera del Río Neuquén, desde su nacimiento en los Andes hasta su confluencia en el río Negro y el Océano Atlántico, estableciendo la línea en la margen septentrional del expresado (sic) río de Cordillera a mar; (…)”. Dejando claramente que la ocupación tenía la finalidad de someter por la fuerza a los indios, el Art. 3° establecía: “La extensión y límites de los territorios que se otorguen en virtud del artículo anterior, serán fijados por convenios entre las tribus que se sometan voluntariamente y el Ejecutivo de la Nación. Quedará exclusivamente al arbitrio del Gobierno Nacional, fijar la extensión y límites de las tierras otorgadas a las tribus sometidas por la fuerza. En ambos casos se requerirá la autorización del Congreso;”. Profundizando la naturaleza genocida[6] de la Ley 215, el Art. 4° estipulaba: “En el caso que todas o algunas de las tribus se resistan al sometimiento pacífico de la autoridad nacional, se organizará contra ellas una expedición general hasta someterlas y arrojarlas al Sud del «Río Negro» y «Neuquén».

 

La ejecución de las disposiciones de la Ley 215 de 1867 se demoró varios años. La misma ley indicaba que el inicio sería cuando terminara la guerra contra Paraguay (art. 9°). Mientras tanto, según investigaciones Contreras Painemal[7], en 1875 se discutía cómo se iban a llevar a cabo las operaciones de invasión, para lo cual existían dos posiciones; una sustentada por el ministro de guerra Adolfo Alsina, quien planteaba la ocupación hasta el río Colorado, instalando fuertes y la otra sustentada por el general Roca que propiciaba una operación en profundidad hacia el territorio indígena, no estableciendo fuertes sino atacando a través de oleadas sucesivas los diferentes puntos del territorio. Es por ello que, en esta misma carta, Roca expresará su oposición a la estrategia de Alsina debido a que “Los indios miraran en el solo hecho de estudiar los puntos que V. E. me indica un ataque a sus derechos, pues consideran suyos esos campos, y aun los que actualmente ocupamos, como lo prueban las reclamaciones que en distintas épocas han hecho, y acudido muchas veces a las armas en su defensa. Nos acusaran de ser nosotros los primeros en faltar a la fe de los tratados y, agregando este agravio a los que conservan vivos en sus recuerdos de los tiempos mas remotos, contra los cristianos, se prepararan a oponernos la mas tenaz resistencia, con el vigor de los que combaten por su propia existencia, ya sean bárbaros o no.”[8] (sic)

 

Ahora bien, la Ley 215 establecía claramente hasta dónde deberían ser “sometidas y arrojadas” las poblaciones indígenas (o sea, al sur del Río Negro y Neuquén), pero ¿desde dónde? Eso se aclara con la Ley N° 947 sancionada el 5 de octubre de 1878: “Art. 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de un millón seiscientos mil pesos fuertes (ps. ftes. 1.600.000) en la ejecución de la ley del 23 de agosto de 1867, que dispone el establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los rios Negro y Neuquén, prévio sometimiento ó desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, desde el rio V y el Diamante hasta los dos ríos antes mencionados.” (Sic.)

 

Esta ley aclara en el artículo 2° que la campaña no era otra cosa que era una conquista bélica y que los gastos iban a ser solventados lucrando con el valor que se asignase a las tierras ocupadas militarmente: “Este gasto se imputará al producido de las tierras públicas nacionales que se conquisten en los límites determinados por esta ley; pudiendo el Poder Ejecutivo, en caso necesario, disponer subsidiariamente de las rentas generales en calidad de anticipo”. Los “límites determinados por esta ley”, lucen en el artículo 3° en el que se declaran y detallan los nuevos “límites de las tierras nacionales situadas al exterior de las fronteras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza…”[9]

 

El avance de las fuerzas estatales genocidas ordenado por la Ley 215 se concretó para 1879 a partir del accionar en cinco grandes columnas, las cuales partieron desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, correspondiendo a ésta última la IV División, que se puso en marcha el 21 de abril de ese año[10].

 

Ahora bien, es preciso hacer notar que no todas las tierras conquistadas en virtud de las leyes 215 y 947 pasaron a ser tierras fiscales nacionales (como lo fueron las actuales provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén entre otras) porque algunas de ellas fueron directamente anexadas a la Provincia de Mendoza. En efecto, la incorporación formal del departamento de Malargüe a la Provincia de Mendoza se produce mediante una Ley de la legislatura provincial sancionada el 30 de abril de 1877. Ello representó un acto jurisdiccional del gobierno provincial ya que, advirtiendo que el Estado nacional tenía pretensiones sobre los territorios al sur del río Atuel, el entonces gobernador de Mendoza Nicolás Villanueva argumentó que, existiendo establecimientos de crianza hasta la margen norte del río Grande, que reuniéndose con el río Barrancas forma el río Colorado, debía considerarse como límite provincial la costa septentrional de este último río. Mendoza tomó esta disposición un año antes de que se sancionara la Ley nacional de Fronteras en 1878 (Sanjurjo de Driollet 1997, 2004)[11]. En otras palabras, esa porción (sur de Mendoza) nunca se incorporó a los territorios nacionales (con administración centralizada). Lo central que deseamos destacar es que después de las campañas militares, las tierras de lo que actualmente es el sur de Mendoza fueron apropiadas como tierras fiscales de la provincia. De ahí la posibilidad de ponerlas en venta mediante ley provincial para sanear las arcas del fisco de la provincia, como se hizo mediante la Ley provincial N° 248 sobre venta de tierras públicas (año 1902), según lo que se expondrá sucintamente más adelante.

 

Vimos esquemáticamente que, en cumplimiento de las leyes nacionales 215 y 947, se produjo la ocupación, sometimiento y despojo de los territorios indígenas al sur del Río Diamante y que ellos fueron apropiados por la Provincia de Mendoza. ¿Qué pasó con las personas que habitaban los territorios conquistados? La pregunta es pertinente para referirnos a los ancestros de quienes integran las comunidades del Pueblo Mapuche bajo embate judicial de la Provincia de Mendoza, empresas y terratenientes.

 

El resultado de las acciones militares iniciadas en 1879, no solo tuvo por resultado el avance sobre los territorios indígenas, sino que -obviamente- también tuvo efectos en las propias personas. Para el caso de Mendoza, el investigador Diego Escolar calcula entre 3.000 y 5.000 personas prisioneras reducidas a la servidumbre o esclavitud, sobre la base de partes militares, artículos de diarios, testimonios de prisioneros y actas de bautismo[12]. Un artículo del principal periódico provincial de la época ilustra elocuentemente la cuestión con un artículo titulado “Malargüe y sus esclavos” (Los Andes, 29 de junio de 1888), caracterizó como tales los indígenas prisioneros de Rufino Ortega, quien había sido gobernador de la Provincia de Mendoza entre 1884 y 1887.

 

Pero el exterminio no fue completo. Entender qué son las “rastrilladas” servirá para aproximarnos a la respuesta sobre el destino de las personas que habitaban los territorios conquistados. Eran los numerosos caminos que unían el territorio mapuche del Pacifico con las pampas orientales. Consistían en hondas huellas marcadas por el frecuente paso de ganado y los palos de las tolderías que arrastraban los caballos de carga. Tenían cientos de kilómetros y conducían hacia los boquetes por donde se cruzaba de un lado a otro (Bengoa [1985] 1996)[13].

 

Dice la Dra. Magallanes que con el movimiento de la IV División Expedicionaria al Desierto, las rastrilladas andinas se convirtieron en vías de escape o refugios para las familias indígenas urgidas de resguardarse ante las avanzadas, destrozos y secuestros del Ejército.

 

Las columnas expedicionarias arrinconaron a las poblaciones indígenas hacia la Cordillera; por tanto, los guerreros como “la chusma” (mujeres, niños, ancianos) se refugiaron en los boquetes y el sector chileno del territorio ancestral. (Bengoa [1985] 1996; Varela y Manara 2006 en Manara 2013).

 

Finalizada la etapa más brutal del despojo de territorios de los pueblos originarios del Siglo XIX (la “Conquista del Desierto”, conducida por el teniente general de la IV División, Rufino Ortega) se construyó un discurso oficial de la desaparición de los indios[14]. Algunas de las personas que sobrevivieron al mismo (muchos de ellas prófugas del cautiverio) se establecieron en zonas por entonces muy alejadas de centros urbanos, donde se sustentaron de actividades pastoriles con ganado mayormente caprino[15].

 

A pesar de la conquista genocida, algunas comunidades aborígenes siguieron habitando sus territorios remanentes. Así lo atestigua una nota de 1881 de la Subdelegacía de San Rafael al Ministro de Gobierno, en la que se comunica la inquietante presencia de indios con gran rastrillada de animales por el Cerro Nevado. [Archivo Histórico de Mendoza (AHMza), Sección Departamento, Carpeta 594 bis, documento 3, Año 1881.] [16].

 

Del mismo modo en documentación del Archivo Histórico de Mendoza, Sección Departamento San Rafael, Carpeta 600, Documento 44, del año 1887 se lee que los hacendados se alarmaron por la aparición de “indios salvajes en las costas del [río] Colorado y que suben hasta las de río Barrancas según las rastrilladas”. Además de indígenas que se fugaron de los lugares donde habían sido reducidos a la servidumbre (que indudablemente se deben haber afincado en la región), se conoció la existencia de asentamiento de familias indígenas con hacienda (por ejemplo, en la sierra de Hauca-Mahuida)[17].

 

La “Ley de venta de tierras públicas” sancionada por la legislatura provincial el 10 de octubre de 1902 incluye prácticamente la totalidad de las que se incorporaron al patrimonio de la Provincia de Mendoza tras la campaña militar genocida que ocupó, sometió y desalojó a las comunidades indígenas. De esta Ley N° 248 citamos por sus cualidades descriptivas del ánimo de lucro provincial que animó dicha norma, los siguientes artículos:

 

Art. 1°– El Poder Ejecutivo procederá a la enajenación de las tierras propiedad de la provincia, con arreglo a las disposiciones de la presente ley. (…) Art. 6°– La venta se hará en remate público bajo las bases siguientes: (…) 2a.- El precio mínimo de la hectárea, como base de remate, será de cuarenta centavos moneda nacional para los terrenos de primera categoría, y de veinte a treinta para los de segunda, según sean las facilidades que presenten para dotarlos de aguadas artificiales. (…) Art. 8°– El Poder Ejecutivo no enajenará las tierras que contengan depósitos de sal, ni materiales o fuentes que contengan aguas termales y minerales, y reservará una superficie de tierra contigua en la forma más conveniente.  Los compradores de tierras quedan obligados al pago de la Contribución Directa y demás impuestos que gravan la propiedad raíz…” (…) Art. 14– Queda facultado el P.E. para arrendar las tierras reservadas y las que no fuesen vendidas…”

 

Adunado a los efectos de las leyes 215 y 947, y a propósito de lo que acaeció en la parte austral de la provincia de Mendoza tras el corrimiento de los límites con los pueblos originarios, citamos extensamente cuatro párrafos de un artículo de la Dra. Magallanes titulado “Políticas públicas, agencia judicial y derechos indígenas: aportes para una comprensión de los conflictos territoriales en el sur mendocino (Argentina)”[18]. La razón de citar este trabajo es que permite contextualizar lo que ocurrió con los territorios indígenas cuya propiedad, en definitiva, es lo que se encuentra en disputa.

 

“… durante el siglo XIX, el mecanismo generalizado para hacerse de tierras fue la denuncia de extensiones ‒declaradas como‒ baldías y su posterior enajenación. Mata Olmo (1992) afirma que Mendoza, en especial su zona sur, fue objeto de un sistema de privatización tan denostado como habitual: denuncio de tierra baldía, tasación y remate; frecuentemente sin la preceptiva mensura que era requisito para convertir el denuncio en oferta pública. En la mayoría de los casos, quienes denunciaban obtenían luego la tierra en posesión y/o propiedad; siendo también frecuentes los posteriores abandonos ante los vaivenes propios de la vida fronteriza. En 1875, la Ley provincial de Colonias Agrícolas y Pastoriles destinó parcelas del sur para su adjudicación a colonos; los predios se hallaban exentos por diez años del pago de contribución fiscal y era posible obtener escritura tras tres años de ocupación, lo que llevó a no pocos abusos de los grandes propietarios (Mata Olmo, 1991; Sanjurjo de Driollet, 2004; Collado, 2006).”

 

“Hacia la segunda mitad del siglo XIX, fue notable la instalación de colonias agrícolas de criollos e inmigrantes en el departamento de San Rafael. En la década de 1870, la creciente presencia militar en la zona alentó una mayor afluencia de población, aunque más determinante fue la desterritorialización indígena luego de la “Conquista del desierto” (1878-1885). En este contexto, se combinó la llegada de inmigrantes y la acción de empresarios privados que adquirieron terrenos con concesiones de agua para loteo y venta a pequeños propietarios extranjeros y criollos (Sanjurjo de Driollet, 2014).”

 

“De cualquier modo, más rotunda incidencia en la privatización del territorio sureño tuvo la ley provincial N° 248 (1902) de venta de tierras fiscales. Mediante subasta pública, esta medida remató millones de hectáreas, mayormente malargüinas y desprovistas de irrigación, sin exigir a los adquirentes poblamiento ni mejoras (Mata Olmo, 1991, 1992; Hirschegger, 2014). Dichas circunstancias favorecieron las compras especulativas y el resultado fue la conformación de más de cien latifundios improductivos en Malargüe. Esta situación originó, en gran medida, la perpetua firma de contratos de talaje entre titulares dominiales o administradores y familiares rurales, obligándose estas últimas al pago de un canon (fijado sobre la producción anual) a cambio del usufructo de los campos de pastoreo que sostienen la cría de subsistencia.”

 

“Consumadas la desposesión indígena y la desarticulación jurídica de formas de propiedad no liberal, los oasis irrigados fueron fraccionados y destinados a cultivos intensivos (viñedos y hortalizas); mientras las zonas sin riego (llamadas “desierto” o “secano”) persistieron como geografía árida de latifundios. En su mayoría, estas extensiones continuaron trabajadas por sucesivas generaciones de familias dedicadas a la cría trashumante de chivos y ovejas”[19]. (Fin de la cita. Se omitieron las notas al pie de página del original).

 

En conclusión: El Estado procuró medios de financiación para una campaña militar al sur del Río Diamante con la que conquistó, ocupó, sometió y desalojó a las comunidades indígenas. Lo hizo cometiendo delitos contra el derecho de gentes que ya reprochaba la Constitución Nacional de 1853 en su artículo 99. (Si alguna duda cupiera sobre el genocidio, solo recordar los documentos históricos referidos en la publicación “Apropiación y destino de los niños indígenas capturados en la campaña del desierto: Mendoza, 1878-1889”[20]). Después de desapoderar a quienes estaban del otro lado de la frontera del naciente Estado Nacional mandó a levantar planos y -en concurrencia con la Provincia de Mendoza- las parcelas fueron adjudicadas en propiedad a los colonizadores y/o especuladores inmobiliarios y financieros (gran parte de ellas en forma onerosa, mediante remate de “tierras fiscales”).

 

Con el paso del tiempo, y en el contexto de una estigmatización de todo cuanto fuera indígena, estas comunidades pasaron a ser considerados “puesteros” y criollos e inquilinos que debían pagar por el arrendamiento de las tierras en las que desarrollaban sus actividades cotidianas[21]. En ese sentido, la Dra. Magallanes señala:

 

“… prevalece un consenso acerca de la asimilación consumada en el pasado de los grupos originarios locales que, por pérdida de tierras y subordinación al mercado capitalista, fueron convertidos en los “puesteros”, “gauchos” o “criollos” que habitan las llanuras secas y la cordillera de los Andes”[22].

 

(ver) A propósito de la referida estigmatización de lo indígena, en este expediente judicial hay un documento que también pasó desapercibido y que ilustra lo que venimos diciendo. De los testimonios de integrantes de la comunidad Lof El Sosneado que lucen en el “Informe Histórico Antropológico”[23] que luce en un expediente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

 

“Mis abuelos, mi papá no podían reconocerse mapuches, por la vergüenza, o por el qué dirán, antes era mucho lo que dirán, mi abuela tuvo que dejar de hablar la lengua. Por parte de mi abuela materna, sé que ellos hablaban cosas que no se le entendían, que decía mi mamá que era por lo que se ve era la forma de hablar de ellos, en mapuche, no le traspasaron a mi mamá el idioma, muy poco en realidad, mi mamá tenía algunas palabras que eran mapuche… pero bueno, no hubo transmisión del lenguaje por el miedo… de valores sí, de respeto para con las personas y con el territorio si”.

 

“…la lengua se perdió, mi abuela hablaba pero después se perdió porque la gente la dejó de hablar por miedo, por miedo a la represalia, miedo al policía, miedo al… porque no se podía decir que éramos indios, mismo en la actualidad te discriminan, mi hijo aplicó a una beca de nación hace poco y le preguntaron si tenía un análisis de que era mapuche… mirá, en el Sosneado hacen una fiesta, la fiesta del puestero y yo desfilaba con mi bandera mapuche, era la única, porque nadie más iba, por vergüenza, por miedo, por el qué dirán…”

 

Ese testimonio prueba el acierto del postulado general de Pablo Macarón, quien señala que “La discriminación racial hacia el indígena era tanto activa como pasiva. Llamamos activa al rechazo, aislamiento y marginación que el resto de la sociedad sometía directamente al indígena. La pasiva es aquella que, en virtud de las mencionadas y opresión, el propio individuo indígena terminó por rechazar “espontáneamente”, en apariencia, su identidad y patrimonio cultural; lo que trajo como consecuencia que reniegue de su condición de tal, la esconda, la disimula, la rechace”.[24]

 

Tales afirmaciones encuentran clara correspondencia y fundamento con lo dicho en una obra clásica de la historia nacional: “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”. Allí dice Juan Bautista Alberdi: “No conozco persona distinguida de nuestras sociedades que lleve apellido pehuenche o araucano.” “¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía, y no mil veces con un zapatero inglés?”

 

Ahora bien, al amparo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (con destacado hito en la reforma constitucional de 1994 y el nuevo artículo 75 inciso 17), algunas familias y comunidades descendientes de las sobrevivientes del genocidio, tomaron la determinación de reivindicarse como integrantes del Pueblo Mapuche, “gente de la Tierra”, sin distingo de los sub grupos identitarios (huilliches, moluches, lafquenches, picunches, pehuenches, pampas, etcétera).

 

Esta autodeterminación identitaria es jurídicamente relevante. En el artículo 1.2. del Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 24.071 se indica: “La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”. Concurren con este criterio identitario los de naturaleza histórica, antropológica, geográfica, lingüística, cultural -entre otros- que lucen parcialmente en la Carpeta Técnica acompañada por el representante de la comunidad con el escrito del 1/2/2023 cargo 6962207.

 

El Convenio 169 de la OIT establece otro estándar jurídico importante que debe tenerse en cuenta, especialmente en un contexto social donde se niega el carácter indígena del pueblo mapuche[25] Dice el Artículo 7. 1 en la parte que nos interesa mostrar:

 

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (…)”.

 

Así entonces, ante un genocidio que incluyó traslados masivos de poblaciones por centenares de kilómetros y que actualmente no permite a las y los descendientes de sus sobrevivientes distinguir a qué identidades territoriales (nombradas con distintos nombres) y siendo que todas ellas tenían en común el idioma mapudungun y otras pautas culturales, la decisión de referenciarse como integrantes del pueblo Mapuche forma parte del derecho convencional a decidir y controlar su propio desarrollo social y cultural en una provincia que nombra a uno de sus departamentos (lindante con El Sosneado) con una palabra del idioma mapudungun. En efecto, “Malargüe” es una deformación de Malal-hue o Malalwe en ese idioma, y no es el único topónimo de la Mendoza austral de ese origen[26]. Estas consideraciones son pertinentes en tiempos en los que una furibunda campaña pública de difamación de las comunidades indígenas y sus integrantes en las que -entre otras cosas- se cuestiona su identidad.

 

Conclusión y pedidos a la gente honesta del pueblo de Mendoza.

 

Aunque parezca extensa, esta carta abierta no es más que una apretadísima síntesis de una gran cantidad de información académica especializada que se encuentra en constante crecimiento. Pedimos por lo tanto que tomen sus precauciones cuando oigan o lean en los medios declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, de sus funcionarios o de quienes tienen intereses económicos en mantener oculta la enorme injustica (empresas, latifundios, etc.). Pedimos humildemente  al pueblo de Mendoza que en tal sentido:

 

  • Examine si los medios que replican acríticamente sus dichos le dieron derecho a réplica a los ciudadanos/as mendocinos/as de identidad mapuche.
  • Desestime, a la luz de los hechos y circunstancias expuestos, la idea de “pseudo-mapuches” que se pretende instalar a fuerza de repetición goebbeliana.

 

Además, aunque no hemos hablado ni una palabra de lo que sigue, (lo haremos oportunamente argumentando con hechos y con la ley en la mano):

 

  • Permítase dudar cuando se le informa que algún gobierno “entregó tierras a los mapuches”. Es falso.
  • Permítase dudar cuando se le dice (con repetición publicitaria propia de una campaña electoral) que no se dio participación a la Provincia en los relevamientos de las tierras que tradicionalmente ocupan las pocas comunidades del Pueblo Mapuche sobrevivientes del genocidio. Es falso.
  • Permítase dudar cuando se siembra y promueve el odio diciendo que “los mapuches son terroristas”. El amor por la tierra (sagrada) y de su IXOFIGMONGEN (biodiversidad), sustento de la armonía con la WAJMAPU (territorio ancestral), forma parte de la cosmovisión Mapuche. Es falso.

 

Sin otro particular, saludamos con respeto al soberano pueblo de la provincia de Mendoza.

 

Informe: Comisión de Pueblos Originarios: Dr. Ricardo Ermili

 

Roxana Haddad, Vanessa Bouille y Carlos Almenara

Co-presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Regional Provincia de Mendoza

 

Teléfono de contacto:                      Dra. Vanessa Bouille 2604 40-3130

Dr. Ricardo Ermili 2604 63-3094

 

[1] CONICET, “La presencia mapuche y de sus ancestros en Mendoza desde épocas precolombinas”, Publicado el 10 de mayo de 2023 en https://www.conicet.gov.ar/la-presencia-mapuche-y-de-sus-ancestros-en-mendoza-desdeepocas-precolombinas/

[2] Diego Escolar: «Hay y hubo mapuches en Mendoza» Recuperado de https://www.unidiversidad.com.ar/diego-escolar-hay-y-hubo-mapuches-en-mendoza

[3] Entre otras, Roulet, Florencia (2009). “La cuestión mapuche en Argentina. Debate en la prensa. Comunidades Mapuche en Argentina. Una reacción a comentarios periodísticos”. Disponible en

http://es.scribd.com/doc/76985592/ROULET-Florencia-2009-La-cuestion-mapuche-en-Argentina-Debate-en-la-prensa y en http://www.slideshare.net/nmollo/roulet-florencia-2009-la-cuestin-mapuche-en-argentina-debate-en-la-prensa

[4] Se lee en el documento: “… habiéndose estipulado con los indios en parlamento formal que el Diamante a la parte sud, solo ellos serian dueños, desia yo que dejando situarse allí a estos pocos por ahora, adquiríamos al tiempo un derecho de posecion y mas quando ellos nada reclaman aquí…” (sic). Documento del Archivo General de la Provincia de Mendoza, AGPM, PI; Carpeta 762, Doc. 42. 19/2/1820.Citado en Vilariño, M. R. (2020a). Las máscaras de los “montañeses”. Construcción territorial, política e identitaria de las parcialidades pehuenches de Mendoza y el norte neuquino (1810-1833). Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Inédita. Pág. 191, nota al pie.

[5] Véanse las intervenciones de los convencionales Gorostiaga,  Gutiérrez y Seguí en Ravignani, Emilio, “Asambleas constituyentes argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la Nación”, Fuentes seleccionadas, coordinadas y anotadas en cumplimiento de la ley 11.857 por Emilio Ravignani. Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1937-1939. Buenos Aires, Casa Jacobo Peuser, (también disponible en internet en https://ravignanidigital.com.ar/asambl.htm#asa4/asa4110000)

[6] El término genocidio y sus palabras derivadas “genocida”, “genocidas” serán utilizadas en este escrito en los términos del artículo 6° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado internacional del que la República Argentina es adherente.

[7] Contreras Painemal, Carlos “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina” Inédito. Trabajo presentado por el autor desde Santiago de Chile para obtener el título de doctor en el Departamento de Historia y Estudios Culturales de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, el 16 de diciembre de 2010. Evaluadores: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Golte, Universidad Libre de Berlín y Univ.-Prof. Dr. Stefan Rinke, Universidad Libre de Berlín. Fecha de defensa: 17 de febrero de 2011.

[8] Citado de Olascoaga, Manuel; “Estudio Topográfico de La Pampa y Río Negro”. Buenos Aires, 1880. Imprenta de Ostwalt y Martínez, Florida 134. Pág. XXI. Disponible escaneado del original en https://books.google.com.gt/books?id=f952tQEACAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

[9] Un mapa señalando la modificación de las fronteras tras el avance de la conquista genocida ejemplifica la cuestión: “Fronteras con el Desierto” 1779-1883. En Ocupación de la llanura pampeana. Municipalidad de la provincia de Buenos Aires, 1979, p. 30. Disponible en https://museoroca.cultura.gob.ar/noticia/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-fronteras/

[10] Izuel, María Elena. HISTORIA DE MI TERRUÑO. ARTÍCULO N° 49. Disponible en https://diadelsur.com/los-fortines/

[11] SANJURJO DE DRIOLLET, I. (1997). Historia de Malargüe. En P. Lacoste (Comp.), Malargüe. Historia y Perspectivas, (pp. 16-20). Mendoza: Colección Uno.

[12] Esto se informa en su artículo “El repartimento de prisioneros indígenas en Mendoza durante la Campaña del Desierto y otros itinerarios del debate intelectual mendocino” y en el que hizo en colaboración con Leticia Saldi en el Capítulo 3 del libro “En el País del Nomeacuerdo” que compiló junto con Diana Lenton, Walter Delrio y Marisa Malvestitti: “Castas invisibles de la nueva nación Los prisioneros indígenas de la Campaña del Desierto en el registro parroquial de Mendoza”

 

[13] BENGOA, ([1985] 1996). Historia del pueblo mapuche. Santiago: Ediciones Sur. Colección Estudios Históricos.

[14] Sobre la cuestión hacen referencia por ejemplo Escolar, Diego (2008): “El repartimento de prisioneros indígenas en Mendoza y la teorización nativa del ‘criollo’, décadas de 1880-1940”. 3ras Jornadas de Historia de la Patagonia Bariloche, 6-8 de noviembre de 2008. Mesa E.3: Políticas indígenas en Patagonia: una historia de dos siglos. Disponible, entre otros sitios, en https://www.academia.edu/10479280/El_repartimento_de_prisioneros_indigenas_en_Mendoza_durante_la_Campa%C3%B1a_del_Desierto_y_otros_itinerarios_del_debate_intelectual_mendocino ; Magallanes, Julieta, “Lo que la “Conquista del desierto” no se llevó Identidad provincial, campo intelectual y memorias indígenas en el sur mendocino”, Revista Runa, ISSN 1851-9628 (en línea) / ISSN 0325-1217 (impresa) Runa /40.1 mayo-octubre (2019) doi: 10.34096/runa.v40i1.5524 disponible en

http://www.scielo.org.ar/pdf/runa/v40n1/v40n1a06.pdf  o http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96282019000100006;

Julieta Magallanes (2020) “’Antes no había nada’. Artificios clasificatorios, hermenéuticas identitarias y participación indígena en el sur mendocino (Argentina)”. Quinto Sol, vol. 24, nº 2, mayo-agosto 2020, ISSN 1851-2879, pp. 1-23. Disponible en http://dx.doi.org/10.19137/qs.v24i2.3709 y Cantarelli, Andrea Paola. Fronteras en el sur de Mendoza a fines del siglo XIX. Departamento e Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo-GEFRE.

https://www.teseopress.com/fronteras/chapter/fronteras-en-el-sur-de-mendoza-a-fines-delsiglo-

xix/

[15] Ministerio de Educación y Deportes de la Nación “No estamos extinguidos”: memorias, presencia y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo “. – 1a ed. ilustrada. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes, 2016. PP. 21-32 (disponible en Internet)

[16] Citado de la tesis doctoral inédita de la Dra. en Antropología Julieta Magallanes titulada: “De ‘advenedizos’ y ‘extintos’ a sujetos políticos: Una aproximación etnográfica a las formas de ser mapuche y pehuenche en la contemporaneidad mendocina” Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Junio 2018. pág. 53

[17] Citado por Magallanes, 2019 “Lo que la conquista no se llevó” Runa /40.1 mayo-octubre. Disponible en http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/5524 , págs. 89-90

[18] Revista TEFROS, Vol. 17, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2019: 124-149.

[19] Magallanes, J. Revista TEFROS, Vol. 17, N° 2, artículos originales, julio-diciembre 2019: 124-149. Recuperado de http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/%20article/view/784/950

[20] Diego Escolar et Leticia Saldi (2018) “Apropiación y destino de los niños indígenas capturados en la campaña del desierto: Mendoza, 1878-1889 “, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 10 décembre 2018, consulté le 14 juin 2022. URL:

http://journals.openedition.org/nuevomundo/74602 ; DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.74602

[21] Para ilustrar la cuestión véanse las publicaciones de Soto, O. H. (2021). Modo de vida puestero, Estado y capitalismo: inconclusión en los bordes abigarrados de lo nómade y lo trashumante. Tabula Rasa, 37, 127-150. Disponible en https://doi.org/10.25058/20112742.n37.06

[22] Julieta Magallanes (2020) “’Antes no había nada’. Artificios clasificatorios, hermenéuticas identitarias y participación indígena en el sur mendocino (Argentina)” /3.1. Acabado el indio, el puestero”, Quinto Sol, vol. 24, nº 2, mayo-agosto 2020, página 20. ISSN 1851-2879, pp. 8-10. Disponible en http://dx.doi.org/10.19137/qs.v24i2.3709

[23] INAI. Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ejecución Ley Nacional Nº 26.160. Informe Histórico Antropológico. Comunidad Lof El Sosneado Pueblo Mapuche Provincia de Mendoza (IF-2022-123240759-APN-DTYRNCI#INAI) que forma parte del expediente EX-2022-45214259-APN-INAI#MJ referido al relevamiento técnico-jurídico-catastral de la misma comunidad (Res INAI 36-2023). En este Informe se desarrolla un marco teórico histórico-antropológico complementario al desarrollado en este escrito, al cual nos remitimos en razón de su extensión.

[24] Macarón, P. op. cit, pág 72

[25] Por ejemplo: Cornejo aseguró que Mendoza podría recuperar la posesión de tierras que otorgaron a supuestos mapuches” Disponible en https://radiomitre.cienradios.com/mitre-mendoza/cornejo-aseguro-que-mendoza-podria-recuperar-la-posesion-de-tierras-que-otorgaron-a-supuestos-mapuches/

[26] Numerosos topónimos del sur de la provincia de Mendoza son o derivan del idioma mapudungun: Atuel, Nihuil, Coihueco, Llancanelo, Pequenco, Pehuenche, Loncoche, Carapacho, Payún, Coipo Lauquen, Ranquil, Luanco, Nire-co, Lonco Vaca, Ponón Tregua, Calmuco, Palauco, entre otras.


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