A más de seis meses de haber descubierto que fueron estafados en la compra de su terreno en San Francisco, la familia de Alberto «Tito» Angulo y Yésica Ferreira enfrenta una amenaza concreta de desalojo. Aunque en un primer momento la justicia no había dado lugar a los pedidos de nulidad presentados por su defensa, recientemente el fiscal accedió a dar trámite a la solicitud y se fijará una nueva audiencia para discutir si esa medida puede revertirse.

Estos es: si dieran lugar a la medida pedida por la familia, el desalojo
no sería inminente, y podrían atravesar el juicio, mientras siguen viviendo en sus tierras.

La historia que involucra a más de 30 familias víctimas de una estafa por parte de Ricardo y Roberto Morales, tomó mayor repercusión pública cuando se supo que en los mismos terrenos se radicaría un emprendimiento agrícola de pistachos y olivos impulsado por el cantante Abel Pintos, en el que replicaría un esquema similar al de La Matera, su proyecto agroecológico y educativo en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, la empresa ligada al músico no se ha pronunciado sobre la situación de las familias, más allá de los fueros judiciales, donde sus abogados y el fiscal Juan Carlos Alessandra pidieron el desalojo.
«Estamos preocupados porque no entendemos bien lo que nos han dicho. En la última audiencia nos negaron todo lo que pidieron nuestros abogados, entre eso que nos sacaran la imputación por usurpación», contó Tito Angulo en una entrevista con Tierra Campesina. La imputación fue mantenida por la jueza, dejando a la familia en una posición aún más vulnerable.

La abogada Flavia Actis, que representa a Angulo, explicó a El Despertador que «nosotros básicamente lo que habíamos hecho era presentar un escrito en la fiscalía solicitando que se le dé trámite a la nulidad de la orden del fiscal del cese de los efectos del delito, que en palabras simples implica necesariamente el desalojo de la familia».
Y agregó: «lo que hoy nos enteramos es que el fiscal finalmente nos contestó que le va a dar trámite y solicitó fecha de audiencia, así que se fije una audiencia ante la jueza para determinar si procede o no la nulidad que hemos pedido».

Actis remarcó que en esta instancia «no estamos discutiendo el fondo, estamos discutiendo si procede o no procede una medida cautelar que en este caso es el desalojo». Y concluyó: «independientemente del tema del desalojo, que es una medida cautelar, se haga o no se haga, el juicio va a seguir adelante. Vamos a seguir discutiendo si efectivamente Alberto y Yésica han sido autores del delito de usurpación, en un juicio donde se discuta el fondo de la cuestión».

Un intento de solución que agravó la situación familiar

En paralelo al proceso judicial, la Municipalidad de Lavalle intentó acercar una propuesta de reubicación que no solo fue considerada insuficiente por la familia, sino que terminó desatando una crisis emocional. Durante una reunión con funcionarios, se les ofreció un terreno alternativo en la zona de Jocolí, pero con la condición de no trasladar allí a sus animales, parte fundamental del proyecto productivo y del tratamiento emocional del hijo adolescente de la pareja.

Al enterarse de esa restricción, el joven de 13 años sufrió una profunda crisis que derivó en un episodio de extrema tensión. Su madre, en un intento desesperado por contenerlo, terminó lesionada. «Lo que nos pasó en esa reunión fue muy fuerte, mi hijo no pudo soportar la idea de dejar todo lo que para él es parte de su vida, sus animales, su lugar, su rutina, fue demasiado», relató Yésica. La situación quedó plasmada en el acta que el abogado Walter Gonzalves y el trabajador social Jorge Orosco, ambos funcionarios municipales, labraron en el lugar.

La situación volvió a poner en evidencia la falta de dispositivos institucionales adecuados para acompañar a familias vulnerables frente a conflictos sociales complejos. «No necesitamos mucho, pero sí un lugar donde podamos vivir y trabajar con tranquilidad», había dicho Tito antes de ese encuentro. «Este lugar nos alcanzaba para la casa y los animales. Si nos ofrecieran algo parecido en otro lado, lo consideraríamos».

El sueño de la granja familiar

El terreno donde viven tiene unos 1500 metros cuadrados (en una finca de casi 100 hectáreas adquiridas por Abel Pintos) y fue lo compraron con la intención de desarrollar una pequeña granja con gallinas y otros animales menores, como forma de sustento familiar y también como terapia para sus hijos. «Es el sueño de toda nuestra vida, nuestros ahorros puestos acá. Si hasta ya tenía nombre el emprendimiento: granja ‘Los Hermanos’ y el alias de Mercado Pago ya lo habíamos nombrado así», contó Yésica, visiblemente angustiada.

Mientras tanto, planean avanzar legalmente contra quienes consideran los verdaderos responsables de esta situación: los Morales. «Ellos nos estafaron a nosotros y a muchas otras familias. Nuestros abogados nos dijeron que primero hay que resolver la imputación y después vamos contra ellos», explicó Tito.

El conflicto en San Francisco expone una trama de especulación inmobiliaria y vulneración de derechos que no ha sido atendida con la urgencia que requiere. A medida que la justicia avanza con los desalojos, las víctimas de la estafa siguen esperando una solución que les devuelva dignidad y estabilidad. Una familia con cuatro niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años, algunos de ellos con problemas de salud, corre el riesgo de quedar en la calle, sin lugar a donde ir.