La entrevista que el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, brindó el jueves pasado en MDZ Radio, generó un verdadero cimbronazo político y social en Lavalle. El funcionario provincial afirmó que el Gobierno envió a la legislatura el proyecto para derogar artículos de la Ley 6920, norma que permitió que las comunidades huarpes del departamento pudieran acceder a la propiedad de más de 700.000 hectáreas.
La afirmación, de tono distópico, causó una reacción inmediata: las comunidades originarias se autoconvocaron para debatir el alcance de las declaraciones del ministro y delinear una postura común. Si bien el impacto inicial duró apenas un día, fue suficiente para reinstalar el tema en la agenda y encender las alarmas en el secano lavallino.
El trasfondo del conflicto es económico: la Ley 6920, al implicar expropiaciones, conlleva indemnizaciones millonarias, lo que parece ser el eje de las preocupaciones del Ejecutivo. Sin embargo, el accionar del Gobierno se ha dado sin mediar una sola consulta previa, ni con las comunidades afectadas, ni con la intendencia, ni con la fuerza política que gobierna el departamento, ni con el Concejo Deliberante.
González ya había sido advertido por Mema, pero ratificó su postura
En ese contexto, el intendente de Lavalle, Edgardo González, quedó en el centro de la escena luego de que el propio Mema asegurara que le había advertido hace cinco meses sobre la intención de avanzar en la derogación.
Consultado por El Despertador ante la creciente preocupación ciudadana, Edgardo González fue tajante:
Fuentes cercanas a la gestión departamental indicaron que González, efectivamente, escuchó del ministro un comentario que hiciera en su momento, pero le respondió que aunque el Gobierno provincial avanzara en esa dirección, él no iba a acompañar la propuesta. Su posición se construyó a pedido de las propias comunidades, que le advirtieron:
No es un dato menor: González fue el único legislador mendocino que, en su momento, acompañó públicamente a la comunidad mapuche en el sur provincial, gesto que en su momento generó dudas internas, pero que hoy cobra pleno sentido político.
El intendente no sólo acompañó a las comunidades en ese sentido, sino que también reclamó por la falta de respuestas del ejecutivo provincial ante las denuncias de las comunidades haurpes por la falta de implementación de la ley.
La controversia no sólo incomoda al oficialismo local. También ha generado tensiones dentro del radicalismo lavallino, donde, a pesar de su habitual dependencia de las decisiones provinciales, se reconoce que la causa de las comunidades huarpes es transversal y profundamente sentida en el departamento.
En Lavalle, la defensa de los territorios comunitarios no responde a una lógica partidaria: se ha convertido en una causa de dignidad, identidad y justicia social. En este sentido, la falta de diálogo del Gobierno provincial con los actores locales, incluso con su propia fuerza política, evidencia una preocupante desconexión con la realidad del norte mendocino.
La situación es delicada. Si el Ejecutivo avanza con el intento de derogar sin consultar ni construir consensos, no solo abrirá un conflicto con las comunidades originarias, sino que tensionará el vínculo entre la Provincia y el departamento de Lavalle.
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