La familia denuncia «abandono» de parte del Estado y asegura que no fue un caso aislado, sino que hay muchos en situación semejante.

Dominga Mayorga (89) fue una lavallina nacida en Lagunas del Rosario que llevó una vida muy activa hasta el día en que un accidente doméstico fue el desencadenante de una dolorosa historia. Sus familiares, llenos de impotencia, hoy denuncian por la falta de respuesta y acompañamiento de la obra social a los jubilados.

Su sobrina nieta Florencia Mayorga dialogó con El Despertador para contarnos los hechos, pero también para poner de manifiesto que el de Dominga no fue un caso aislado: «que se sepa lo que en realidad está sucediendo con nuestros abuelos, personas indefensas que debemos cuidar y amparar, no debemos abandonarlos como si nada», dijo.

La odisea de Dominga

El día 22 de mayo, saliendo a cuidar a sus gallinas se cae y se da un fuerte golpe. «La llevamos a la guardia del hospital Sicoli, el doctor de guardia le hace una placa de rayos X, nos dice que no tenía nada, que era sólo el dolor del golpe. Dijo que tomara ibuprofeno cada ocho horas y se le iba a pasar», contó Florencia.

Sin embargo, el dolor no se fue y en los días siguientes llegó a «gritar» por su padecimiento. Al volver al nosocomio local esta vez la atiende una médica de guardia y afirma al ver la placa que efectivamente había una fractura de cadera.

De ahí la derivaron por PAMI a la Clínica Santa Clara de Godoy Cruz y ahí empezaron a verse las falencias de la obra social liderada en Mendoza por David Litvinchuk.
«La clínica deja mucho que desear, no por el personal, nos atendían re bien, pero (el tema fue) la falta de insumos por PAMI. Dejaron de haber sábanas limpias, nos pedían que lleváramos, que empezáramos a llevar pañales porque se terminaron y no había pañales para ningún abuelo.

En una oportunidad tuvimos que comprar medicación porque no había en la clínica».

Finalmente llegó la prótesis de cadera y el cinco de junio le dieron el alta con la indicación de que ese mismo día tramitara la internación domiciliaria.
«Ese día hago el trámite y empezaron a pasar los días. PAMI no daba señales de la internación domiciliaria, el 17 de junio por falta de controles, no la vio el médico que la operó, no vino nadie a verla, no tenía respuesta, nos decían que tenía que seguir esperando, entonces la llevo al traumatólogo del Sicoli».

Allí le dijeron que la prótesis se había desarmado y que debía ser operada, entonces fue trasladada a la clínica privada nuevamente.

Le dan el alta de esta segunda intervención el 29 de junio. «Sin internación domiciliaria porque la empresa para la que nos habían hecho la tramitación no tenía cobertura en Lavalle. No recibió fisioterapia, no recibió control médico, no tenía un enfermero en casa como se estipulaba, no enviaron colchón ni nada de la internación domiciliaria. Hacíamos lo que podíamos para ayudarla, para contenerla.

Llega julio sin respuesta, nos hacen escribir una nota para dar de baja la empresa y que se presentara otra, pero no se presentó nadie», comenta con bronca la sobrina nieta.

La familia de Florencia también padeció la burocracia estatal de la Provincia. El 21 de julio Dominga se ahoga por la cantidad de mucosidad que tenía, desde el 911 le dijeron: «tiene PAMI, ellos se tienen que hacer cargo», y le cortaron.

Desde la obra social le dijeron que llamara al 911, ella lo volvió a hacer y nadie se hacía cargo. «Finalmente tuve que usar la alarma comunitaria para que viniera un patrullero, aunque en el camino ella logró por sus propios medios vomitar y liberar sus vías.

El 28 de julio me acerco al Juzgado Federal para solicitar un amparo de salud. Me hacen el expediente ese mismo día porque media hora después se presentaba una directora de PAMI y querían que el juez incluyera lo mío para planteárselo.

Eso fue un miércoles, al viernes me llaman…que iban a mandar la internación domiciliaria, más de un mes después de su operación. El SEMA sólo mandó una enfermera y una kinesióloga sin insumos…hicieron lo que podían con lo que teníamos en casa.

Seguíamos sin poder lograr que el traumatólogo que la operó la viera, recién se pudo los primeros días de agosto. Se reprogramó cuatro veces el turno porque no conseguíamos ambulancia con camilla para trasladarla», lamentó la entrevistada.

Una semana después, el 17 de agosto, Dominga falleció. Florencia recuerda con lágrimas esos últimos días: «empezó a mostrar signos de que ya ella no podía más. El cuadro empeoró, las escaras se volvieron horribles, la cirugía empezó a abrirse, nadie hacía nada…el estado de ella era deplorable, usaba pañales y hasta para eso hubo problemas.

Los mandaron en junio, en julio no nos los entregaron. Nos dijeron que la dirección estaba mal y que el correo no se pudo ubicar, pero si ya habían venido, era imposible que no se pudieran ubicar.

El 16 llamé al 911 y nos dijeron que no había ambulancias disponibles, ¿dónde están las ambulancias del Sicoli? La llevamos en el auto y nos dijeron que no iba a salir de eso.
Puedo agradecer a la atención a varios del hospital Sicoli por el cariño y la contención…», aunque aclaró que eso no incluye a la directora ni al personal administrativo.

El reclamo al Estado

Hasta el día de hoy no entiendo cómo puede ser que el sistema que tiene que cuidar de los ancianos haga un abandono tan cruel…dejaron que se muriera de la peor manera que se puede abandonar a una persona.
Pensamos que el Estado…los trata tan mal, que les nieguen medicamentos, salud, una vejez tranquila, eso es lo que nos indigna más, que los dejen de lado de una manera tan cruel, como si ellos (los funcionarios) no fueran a llegar a esa edad. Es aberrante lo que hicieron con ella, lo que hacen con cada abuelo del país que abandonan».

El rol de la Provincia

PAMI depende del gobierno nacional, pero también en Mendoza existe la Dirección de Adultos Mayores a cargo del abogado lavallino Lucas Luppo. Esta tiene entre sus funciones: «armonizar los sistemas de salud con las necesidades de los adultos mayores», según se declara en su sitio oficial.

ED: Se entiende que Nación y Provincia son jurisdicciones distintas, pero dada la falta de respuesta de PAMI, ¿está contemplado algún tipo de acompañamiento legal o de otra índole desde esta dirección a las familias que tienen problemas con esa obra social? Si es así, ¿cómo pueden los familiares solicitarlo?

LL: «Lo que puede haber es algún asesoramiento, pero no hay un patrocinio letrado desde el Estado…Si están dadas las cosas así (en el caso de Mayorga) habría que buscar la forma legal de demostrar la responsabilidad de la obra social frente a la situación…pero desde la dirección no hay un patrocinio legal. Es una realidad de que hay unas (acciones) deficitarias por parte de la obra social como también una responsabilidad, ya esto lo digo como profesional, de la clínica si no ha habido una buena atención».

En definitiva, la Nación no da una respuesta adecuada a los afiliados (la precaria internación domiciliaria que tuvo Dominga fue sólo luego de presentar un recurso judicial). Pero tampoco la Provincia invierte ni siquiera en un patrocinio legal para intervenir judicialmente contra el PAMI.

Eso sí, según los informes oficiales publicados en lo que va del año el gobierno de Alfredo Cornejo gastó 8.600 millones de pesos en publicidad.

Sobre esto Florencia Mayorga opina: «si la Nación no quiere hacerse cargo, que la Provincia lo haga. Que se hagan cargo de todos los adultos mayores, tangan o no PAMI…que se hagan responsables de lo que pasó y que nos digan por qué nos negaron tantas cosas…
Quiero agradecer a mucha gente que nos dio una mano, la enfermera del lugar, también a Eliana Parra, el doctor Maxi Gorosito, muchas personas…»

¿Cuántos otros jubilados se encuentran en una situación parecida esperando, tal vez, un final como el de Dominga mientras el sistema del PAMI sigue abandonando? La respuesta a las claras es muchos.